Detectan condiciones insalubres en el traslado de las monjas mayores de Belorado
Después de pasar por el hospital, estarán bajo el cuidado de las clarisas / Las cismáticas contraatacan con una serie de vídeos en los que tratan de desmontar la versión de la Guardia Civil y tachan la orden judicial de «secuestro»

Intervención de la Guardia Civil en el monasterio de Belorado.
A la tercera fue la venida y, esta vez, las monjas okupas de Belorado no lograron su objetivo. Las cinco religiosas de mayor edad que hasta ahora residían en el monasterio de Santa Clara en Orduña (Vizcaya) fueron trasladas este jueves al hospital de Basurto tras la visita de una comitiva judicial, un médico forense y la Guardia Civil para hacer efectivas las medidas dictadas por el Juzgado de Instrucción numero 5 de Bilbao. Durante la inspección de las instalaciones, los agentes de la Benemérita constataron que las ancianas vivían en condiciones insalubres.
Pese a la oposición de las exmonjas y su denuncia pública de lo que sucedía mediante la difusión de varios vídeos, los agentes que se desplazaron hasta el convento vizcaíno indicaron, según recoge Europa Press, que las religiosas -cuya edad oscila entre los 87 y 101 años- estaban siendo atendidas en «condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas para las personas vulnerables».
Una vez efectuado el traslado, pasadas las 13 horas, las exclarisas rebeldes contraatacaron con una serie de vídeos en las que trataban de desmentir la versión de la Guardia Civil. Tal y como indican, el inmueble se encuentra «en perfectas condiciones» y «no hay ningún obstáculo». Teóricamente, las habitaciones donde dormían las ancianas disponen de «baño adaptado y calefacción potente». Una estancia «muy luminosa y muy confortable» a la que se suma, entre otras cosas, un «ascensor maravilloso, amplio y perfecto para subir y bajar con sillas de ruedas» o aseos geriátricos con rampas para facilitar su acceso.
Fueron precisamente las cismáticas, como en anteriores ocasiones, quienes dieron la voz de alarma mientras la comisión judicial se encontraba dentro del monasterio. «Nos tienen retenidas», aseguraban a media mañana con el fin de denunciar lo que, a su modo de ver, era un «secuestro» en toda regla».
«Debemos de ser unas monjas muy peligrosas para que tengamos las casa llena de guardias civiles», susurraba Sor Paloma mientras se preguntaba «hasta dónde van a llegar», pues no esperaba que se presentasen «más de 20 (agentes) para llevárselas en contra de su voluntad». En otro vídeo, lamentaría que «no nos dejan ni despedirnos», amén de advertir que las mayores aún estaban «sin desayunar y sin asear». Aparte, daba por sentado que al no haberse tomado la medicación les daría un «yuyu».
Mientras tanto, la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio celebraba la intervención judicial dada la «constante preocupación» por el estado de las ancianas, cuya situación se agravó tras su «temerario traslado» de Belorado a Orduña con las «mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables».
Según fuentes eclesiásticas, la autoridad judicial dio «las directrices para que estas hermanas mayores sean puestas bajo el cuidado del Comisario Pontificio». Es decir, el también arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
Después de pasar por el hospital de Basurto para someterse a una revisión médica, las hermanas se reubicarán en otros monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, donde «serán felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales, viviendo según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado habiéndose negado a participar del cisma».
A pesar de que la orden judicial partía del Juzgado de Bilbao, la exabadesa de Belorado y líder de las monjas okupas, Laura García de Viedma, no dudó en señalar directamente a la jueza de Briviesca que acordó su desahucio a finales de julio. En declaraciones recogidas por EP, acusó a la magistrada de intentar desmontar «a toda costa» su comunidad aprovechándose del estado de vulnerabilidad de las mayores.