«La gente tiene miedo»: okupación, robos, drogas y violencia de género en el Alfoz

La paz parece haber regresado a Cardeñadijo tras una época muy convulsa en la que un gran número de vecinos se levantó contra varias familias okupas que llevaban tiempo generando problemas en el pueblo. Hará unos cuatro meses, se procedió al desalojo definitivo de tres viviendas usurpadas. La gota que colmó el vaso, según recuerda la alcaldesa, Mariela Grijalbo, fue una docena de robos en casas en un par de meses. 

Los primeros episodios de okupación en esta localidad del Alfoz, próxima a Burgos capital, empezaron hace seis años. Al asentarse en viviendas de la Sareb sin agua ni corriente eléctrica, los moradores «se enganchaban al alumbrado público y dejaban zonas sin luz». Desde entonces, se han registrado episodios que van más allá de los asaltos domiciliarios incluso en casas habitadas. 

Tal y como pudo constatar la regidora en su momento, algunas de estas familias -al menos varios de sus miembros- estuvieron involucradas en casos de violencia de género y tráfico de drogas. También incendios, como el de dos viviendas o un vehículo, mientras se apreciaba que «los niños estaban sin escolarizar». 

«La gente tiene miedo», enfatiza la alcaldesa pese a la tranquilidad que, por ahora, vuelve a imperar en Cardeñadijo. Lo dice, más que nada, porque sabe que hay otros municipios cercanos que sufren el mismo problema. Es el caso de Cogollos, Modúbar de la Emparedada y Valdorros, cuyos regidores -junto a la propia Grijalbo-se reunieron este miércoles con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, José Javier González, para exponer su inquietud al respecto.  

El clima de «tensión» es prácticamente similar al experimentado en su día en Cardeñadijo. Tanto que los ayuntamientos de Cogollos y Modúbar solicitan «más presencia de la Guardia Civil». Por su parte, el alcalde de Valdorros apuntó que el pueblo ha sufrido cuantiosos robos de cobre procedente de su alumbrado público. 

Grijalbo es consciente de que el problema no es la okupación en sí. «Si respetan la convivencia normal, no hay ningún problema», advierte a sabiendas de que más de una familia se ha instalado en viviendas deshabitadas por pura necesidad sin alterar lo más mínimo el día a día. De hecho, le consta el caso de unos okupas que se han integrado perfectamente en un pueblo del Alfoz. 

Sea como fuere, los municipios afectados se sienten «desprotegidos» ante la imposibilidad de poner cámaras de seguridad en espacios públicos. No en vano, Grijalbo asevera que «la Guardia Civil responde enseguida» cuando se produce cualquier clase de altercado. Lo que ocurre, máxime cuando hablamos de usurpación y no de allanamiento, es que «hay zonas muy degradadas y desatendidas y los ayuntamientos no podemos invertir porque al final solucionaríamos el problema a los bancos» que poseen las viviendas okupadas.