PP y Vox unen fuerzas en la Diputación para exigir el despliegue del Ejército en Ceuta y Melilla

PP y Vox van de la mano en la Diputación de Burgos para exigir al Gobierno de España que despliegue al Ejército en Ceuta y Melilla y encomiende a los militares, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la protección de las fronteras de las dos ciudades autónomas. La proposición conjunta que llevarán al próximo Pleno de la institución provincial este viernes reclama expresamente la presencia de la Legión y de la Armada, la expulsión de quienes hayan entrado ilegalmente en el país y «reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho» para los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a impedir nuevas entradas.

La iniciativa une al grupo popular, que sustenta al Gobierno provincial, en una Diputación encabezada por Borja Suárez, presidente asimismo del Partido Popular de Burgos, con el de Vox para aterrizar en el ámbito provincial la crisis abierta en Ceuta y Melilla y cargar las tintas contra el Ejecutivo que lidera el socialista Pedro Sánchez. 

Los grupos de PP y Vox en la Diputación burgalesa parten de una interpretación especialmente dura de lo sucedido en la frontera a finales de julio y en el texto de su propuesta conjunta califican la entrada de inmigrantes en Ceuta y, en menor medida, en Melilla como un «ataque deliberado y gravísimo, de guerra híbrida» contra España, con el que consideran amenazadas «la integridad territorial y su soberanía».

La proposición, que está firmada por la portavoz popular, Inmaculada Sierra, y por su homólogo de Vox, Ángel Luis Martín, sostiene que durante la última semana de julio entraron ilegalmente en Ceuta alrededor de 80.000 personas, aunque reconoce que la cifra definitiva es desconocida, y compara ese volumen con los aproximadamente 84.000 habitantes de la ciudad autónoma. PP y Vox describen una situación en la que «miles de personas violaron la frontera sin posibilidad de contención» y los habitantes de Ceuta y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quedaron, según el propio texto, «abandonados a su suerte».

Es precisamente esa lectura de los acontecimientos la que conduce a ambos grupos a reclamar la intervención directa de las Fuerzas Armadas, argumentando que el artículo 8 de la Constitución encomienda al Ejército la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España, y sostiene que la presencia militar debe servir como elemento disuasorio ante cualquier nuevo intento de entrada por la frontera.

PP y Vox no hablan únicamente de reforzar los efectivos ya existentes y en el segundo punto de la proposición demandan al Gobierno que despliegue «a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Legión Española», además de unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y medios materiales suficientes en Ceuta y Melilla. Para la frontera marítima reclaman la presencia de la Armada Española con el objetivo de «impedir y repeler cualquier nuevo intento de violación» de las fronteras y garantizar la soberanía nacional.

La tercera petición avanza un paso más y reclama que militares, guardias civiles y policías dispongan de «reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho» que permitan cumplir la misión encomendada y «aseguren el éxito» en la defensa de las fronteras, incluida la marítima, «impidiendo la entrada de inmigrantes ilegales».

La primera de las cuatro medidas se dirige a quienes ya consiguieron cruzar y reclaman la expulsión hacia Marruecos de las personas que hayan entrado ilegalmente y cuya devolución sea legalmente posible.

Presión sobre Marruecos

La proposición sitúa también a Marruecos en el centro de la crisis, porque PP y Vox consideran que Ceuta y Melilla tienen una especial importancia estratégica y aseguran que ambas ciudades son objeto de «pretensiones anexionistas por parte del Reino de Marruecos». Ante esa situación, defienden que España debe responder «con contundencia» tanto mediante la presencia de las Fuerzas Armadas como con capacidad para reaccionar ante nuevos intentos de cruzar la frontera.

El acuerdo que pretenden aprobar en la Diputación exige al Gobierno que reclame a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos de cooperación con España en control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales, así como de aquellas personas cuya devolución proceda legalmente.

El texto de la proposición evidencia que el Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la inmigración aproximándose a Vox, su socio en el Ejecutivo autonómico, y ambos sostienen en la exposición de motivos de su propuesta al Pleno que España se enfrenta a una «amenaza migratoria que hace peligrar nuestra propia supervivencia como comunidad social y política» y recuerdan que el Gobierno dispone de medios, entre ellos las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que está obligado a utilizar para proteger las fronteras.

Para reforzar sus argumentos, la proposición hace suyas las afirmaciones del Sindicato Unificado de Policía, que ha denunciado que constan al menos 15 violaciones durante los sucesos de Ceuta, una de ellas a una niña de diez años, y recoge también informaciones sobre la supuesta presencia de personas vinculadas al terrorismo yihadista entre quienes cruzaron la frontera, afirmaciones que PP y Vox incorporan a la exposición de motivos de la moción para justificar la necesidad de una respuesta militar y policial de mayor intensidad.

El documento sostiene igualmente que la crisis llevó a Italia a suspender Schengen respecto a España y que Finlandia respaldó esa medida, situación que sirve a los dos grupos provinciales para defender que la situación de Ceuta y Melilla ha dejado de ser únicamente un problema fronterizo español y afecta también a la posición del país dentro de la Unión Europea.