Detienen en Miranda al administrador de una empresa de paquetería por emplear a trabajadores sin contrato
La empresa contaba con centros de trabajo también en las provincias de Toledo y Madrid, y ha cesado su actividad y cerrado sus instalaciones a raíz de esta actuación
Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro detuvieron a un varón mediana edad, administrador único de una empresa de paquetería -e identificaron a un colaborador suyo- por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, dentro de la operación ‘Ruta Legal’, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Esta investigación tiene su origen en una inspección ordinaria y conjunta realizada dentro de los protocolos de colaboración con la Inspección de Trabajo, llevada a cabo meses atrás en las instalaciones de una empresa dedicada al envío, recogida y reparto de paquetería, con sede en Miranda de Ebro.
La empresa, creada en el año 2023 por el principal investigado, desarrollaba su cometido en el ámbito de actuación de las provincias de Burgos, Álava y Vizcaya. Además, contaba con instalaciones en Madrid y Toledo. El centro de trabajo en Miranda ha cesado su actividad comercial y cerrado sus instalaciones a raíz de esta actuación.
Durante la inspección inicial, se detectaron irregularidades graves, tales como que varios empleados ejercían actividad sin contrato de trabajo, no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, y carecían de autorización para trabajar legalmente en España. Del mismo modo, se apreciaron indiciariamente situaciones de precariedad, en aspectos relevantes como la jornada laboral y las retribuciones.
A raíz de lo anterior, los agentes iniciaron una investigación tendente a esclarecer posibles responsabilidades penales, y que tras numerosas gestiones, permitió identificar a las personas presuntamente implicadas. Finalmente, se procedió a la detención del administrador de la empresa, y a la imputación del hecho en calidad de investigado de su principal colaborador. Las diligencias se encuentran ya a disposición de la autoridad judicial.
Esta operación pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre la Policía Nacional y los organismos públicos encargados del control de las actividades empresariales como la Inspección de Trabajo. Una coordinación apoyada en datos objetivos que favorece detectar situaciones de especial vulnerabilidad y que atentan, como es el caso que nos ocupa, a los derechos de todos los trabajadores -también de los extranjeros- independientemente de su situación administrativa en España.