Una juez exculpa al alcalde de Santibáñez de un presunto delito de prevaricación

J.C.R. / Burgos

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Burgos ha exculpado al alcalde de Valle de Santibáñez, el castellanista Benito Calzada, de un supuesto delito de prevaricación aludiendo a que el imputado tuviera «dudas razonables» sobre el conocimiento «por el acusado de la injusticia y arbitrariedad de la resolución» adoptada por el edil en relación a una segregación de fincas a favor de un concejal de su mismo partido; eso sí, advierte de graves irresponsabilidades, «tanto del alcalde como de la secretaria en todo el procedimiento», según explicó el denunciante, Luis Aragón, vecino de la pedanía de Ros y afectado por la resolución del primer edil

Los hechos se retrotraen al mes de septiembre de 2004, cuando Aragón solicitó una licencia para colocar una puerta acceso desde la calle San Martín, en Ros, a una finca de su propiedad. Al mismo tiempo, otro vecino, José Antonio Martínez, que a su vez es concejal del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez, municipio al que pertenece la Junta Vecinal de Ros, solicita una licencia para vallar la finca que colinda con la de la propiedad de Aragón.

El Pleno de 24 de septiembre de 2004 resuelve que no es competente para dirimir cuestiones entre particulares y lo deja sobre la mesa. Aragón reitera su petición en diciembre y el Pleno de enero de 2005 ratifica lo acordado un mes antes. Y lo deriva al ámbito de la Justicia Civil. El Ayuntamiento no entra «mientras claramente no se defina la propiedad y no se concede licencia ni para la puerta metálica ni para el vallado».

Sin embargo, por Decreto de Alcaldía, el 10 de marzo de 2005 se otorga la licencia a Martínez para segregar la finca para vallarla «previo informe favorable» del Servicio de Jurídico de Asesoramiento a Municipios (Sajuma) de la Diputación. La sentencia revela que el informe del Sajuma tiene fecha de salida el 21 de marzo y la solicitud de segregación entra en el Ayuntamiento el 15 de marzo.

Sin embargo, la secretaria municipal certificó que no constaba «solicitud de licencia de segregación, ni fecha de entrada del proyecto de agrupación de parcelas de Ros, ni fecha de comunicación del Decreto al interesado». En la sentencia, la juez dictamina que ese baile de fechas puede deberse a «un error involuntario».

A la vista de las «irregularidades», según Aragón, éste interpone la denuncia por un presunto delito de prevaricación. La juez determinal que «aun existiendo arbitrariedad no hay certeza ni plena convicción de que el acusado (Calzada) actuara a sabiendas de su injusticia, dado que actuó asesorado por la secretaria quien no tuvo duda de la legalidad de la resolución» y con la resolución favorable del Sajuma.

Martínez declaró en el juicio que «cree que no se presentó escrito de solicitud de segregación y que sólo dejó el proyecto para iniciar los trámites y no fue advertido de que no había solicitud de licencia (…) quizá por la confianza y la rutina que se llevaba era que el proyecto informado por la Diputación lo acordaba por Decreto el alcalde directamente.

Acusación

La acusación no está conforme con la sentencia y Aragón denunció que el Ayuntamiento de Valle de Santibáñez «carece de un libro de Registro» y que el alcalde actuó por «decreto» sin que exista solicitud, ni «informe técnico». Asegura Aragón que se advierte de un trato de favor hacia el concejal Martínez (de su mismo grupo).