La Justicia dictamina 30 días por año de indemnización para Rottneros

G. I. T. / Miranda

Ya es oficial. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos acaba de remitir la tabla de indemnizaciones que deberán percibir los trabajadores de Rottneros Miranda.

La resolución, fechada el pasado lunes y entregada ayer a las diferentes partes implicadas en el conflicto, recoge, entre otras cosas, la aplicación del mínimo exigido por Ley, es decir, 20 días por año trabajado. A este baremo se le sumarán otros diez días (5 por crédito preferencial y otros 5 aplicados al conjunto de acreedores). Así, la indemnización completa para la plantilla de la papelera se ha establecido en 30 días por año trabajado.

A la espera de examinar más detalladamente el documento y compartirlo con todos los trabajadores de la papelera, el presidente del comité de empresa, Francisco González, reconocía ayer tener un «sabor agridulce», ya que si bien considera que «la lucha» realizada durante los últimos meses ha servido para aumentar la cuantía de las indemnizaciones desde el mínimo exigido por Ley, lamenta que el juez no haya compartido las tesis del comité. Unas tesis que pasan por dictaminar el despido improcedente y aplicar una indemnización de 45 días por año trabajado.

Sin liquidez

Aunque según la resolución son los más de 160 trabajadores y las administraciones públicas las primeras que han de percibir lo que se les debe, González afirma que «será difícil» que la firma sueca afronte estos pagos en las próximas semanas. No en vano, insiste, «desde el principio sabemos que la empresa no tiene liquidez suficiente para ello».

Sí que la debería tener en cambio dentro de algún tiempo, cuando se proceda a liquidar todos los activos que actualmente tiene en Miranda, es decir, terrenos e instalaciones. A pesar de que la decisión depende de la justicia, el comité espera que este proceso pueda iniciarse durante los primeros compases de 2010.

Que así sea dependerá en gran medida de que los plazos no se alarguen con la presentación de recursos por parte de alguno de los implicados en el conflicto, ya sea empresa o acreedores. En este sentido, el mismo comité no cierra la puerta al planteamiento de algún tipo de recurso. En principio, este extremo se debatirá con la plantilla y el asesoramiento jurídico del sindicato CC OO en una asamblea que previsiblemente se celebrará mañana por la mañana. De momento, González afirma tener constancia de que «algún acreedor va a recurrir». Lo que está claro es que un retraso en el proceso afectaría mucho a los trabajadores, ya que «llevamos peleando casi un año y estamos sin cobrar desde hace tres meses», por lo que la espera puede hacerse muy larga para ellos. En este sentido, la plantilla de la papelera tiene al menos una posibilidad a la que aferrarse: acudir al Fondo de Garantía Social (FOGASA) para cobrar parte de la indemnización. «No creo que haya dificultades para conseguirlo», afirma el presidente del comité.

Futuros movimientos

Con todo, a partir de ahora se abre un escenario completamente diferente al que se venía desarrollando en los últimos meses. No en vano, González señala que «todo el mundo se ha estado escudando en la resolución del juez» y, una vez que ésta ha llegado, «deberían empezar a moverse» todas las partes para buscar la mejor salida posible a la compleja situación.

De esta forma, desde el comité se espera mantener próximas conversaciones con las administraciones públicas, tendentes a concretar los procesos que pudieran llevarse a cabo una vez liquidada la empresa. En este sentido, González recuerda que la Junta de Castilla y León lleva tiempo hablando de alternativas económicas con posibilidad de recolocación de los trabajadores de la papelera.

Asimismo, la plantilla deberá decidir qué movimientos realizará de manera particular. En este sentido, todavía no se sabe si el campamento dispuesto en la delegación de la Junta en Miranda será levantado en próximas fechas.