Una familia acusa al Consejo de tirar una bodega de la que es copropietaria

L.V. / Roa

La adquisición de una parte de una bodega subterránea que el Consejo Regulador de Ribera del Duero compró el pasado mes de junio para completar sus obras de ampliación de la sede ha derivado en un desafortunado desencuentro con una de las familias copropietarias con la que no alcanzó un acuerdo y si el pasado viernes una de las afectadas se anteponía a las máquinas en un intento de evitar el derribo, ayer lo hacían el resto de hermanos a los que desalojó la Guardia Civil.

«No les han detenido pero les han sacado. Han hundido una bodega sin tener en cuenta al resto de propietarios y con el consentimiento del Ayuntamiento. El Consejo compró parte, pero no todo. Querían que se lo regalásemos a cambio de una placa conmemorativa y no estábamos dispuestos», explica el portavoz de la familia afectada,  Amando Escudero quien adelanta que ya han puesto el asunto en manos de la Justicia. «Estamos en ello, pero el daño ya está hecho y la bodega está hundida. Mañana volveremos al juzgado para intentar parar las obras», añade.

Garantía para las obras

Aunque desde el Consejo Regulador declinan hacer declaraciones, su secretario Alfonso Sánchez explica que tras el incidente del viernes interpusieron una denuncia en el juzgado y que éste ha sido claro al solicitar a la Guardia Civil que garantice el desarrollo de las obras.

En cuanto al Ayuntamiento de Roa se mantiene, aseguran al margen. Según explica el Secretario municipal, tras declarar mediante Decreto la ruina económica de la bodega - que no la inminente- se les dio a los propietarios (tres familias; unas diez personas) dos opciones: demoler la bodega o emprender las obras para garantizar la seguridad ya que había cierto peligro. «Cualquier opción era válida, sólo tenían que ponerse de acuerdo», explica.

Para el Secretario, el Consejo está autorizado para llevar a cabo las obras de ampliación; «otra cosa es que tengan el parabién del resto de propietarios», añade mientras apunta que por el momento la familia que ahora pretende la rehabilitación no ha acreditado su propiedad. «No digo que no lo tengan digo que no lo han presentado», aclara.

Un hecho que la familia niega. «Lo hemos presentado pero no lo hemos dejado porque no hay obligación», afirma Escudero.

En cualquier caso, el Secretario municipal recuerda que el Consistorio no valora la propiedad; «eso lo hacen los jueces». «Si ven que se han usurpado sus derechos que reclamen en el juzgado»,  sostiene.

El desencuentro entre el Consejo y esta familia se remonta a hace siete u ocho meses cuando el Consejo Regulador inició el proceso de compra de una bodega que pertenecía a cuatro familias. «Llegaron a un acuerdo con las otras tres pero con nosotros no por lo que aún nos pertenece. El Consejo se basa en un Decreto ilegal ya que no se notificó a todos los copropietarios», concluyen los familiares.