Los tribunales determinarán la legalidad de la valoración del personal de la guardería

GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca

El concejal no adscrito, Rafael García,se ha ratificado en el contenido de la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Briviesca el pasado año sobre la valoración de la Guardería Municipal. En dicha denuncia se aporta la valoración firmada por los cuatro concejales y el informe del Procurador del Común, acusándoles de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La denuncia se basa en la valoración hecha por los concejales M.G.R., M.R.A.A., F.J.H. y J.V.C. en una reunión fuera de los órganos de Gobierno. Dicha valoración tuvo la causa de la no contratación de las trabajadoras que venían desarrollando ese trabajo en algún caso con una antigüedad de 10 años. Tras ser denunciado lo ocurrido por la vía laboral obtuvieron una sentencia de readmisión o indemnización, postura esta última que adoptó el equipo de Gobierno.

En sí, supuso un desembolso no presupuestado de alrededor de 85.000 euros de las arcas municipales. Lo ocurrido fue denunciado públicamente en esos momentos por en concejal no adscrito, que era concejal de Deportes, además de remitir el asunto al Procurador del Común.

Esta denuncia, que afectaba a concejales de los cuatro partidos políticos representados en la Corporación, determinó, según García, su destitución de la responsabilidad de Deportes.

Igualmente, señala que en el informe en el Procurador del Común se ratificaba la sospecha de la ilegalidad cometida por los cuatro concejales.

Esto se basaba en el incumplimiento del artículo 60.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, precepto en virtud del cual el personal de elección política, no podrá formar parte de los órganos de selección de personal.

Por ello se instaba a repetir el proceso de selección de personal, algo que afirma García, no sólo no se atendió, sino que a las nuevas contratadas se las convirtió en interinas del servicio.

García afirma no tener nada «en contra de las contratadas», salvo que lo son «tras una valoración ilegal», considerando que, de no esclarecer este asunto, pudiera darse en nuevas contrataciones.

Dado que el informe del Procurador del Común no tiene categoría de vinculante y ante la falta de una actuación sobre este asunto García optó en octubre del pasado año de denunciar los hechos en el juzgado. Su objetivo es «intentar resolver esta situación, así como para que no se hagan injusticias de este tipo a partir de ahora», asumiendo de su bolsillo los gastos que generará el proceso ya que ha de contar con abogado y procurador. García funda su postura tanto en la presunta ilegalidad cometida en el proceso de selección como en el daño a las arcas municipales señalando que ha sido preciso una transferencia de crédito para pagar las indemnizaciones.