Culpan al PSOE de incumplir la sentencia de los funcionarios

LORETO VELÁZQUEZ / ArandaCuando faltan cuatro meses para que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que obliga a los funcionarios del Ayuntamiento de Aranda a devolver el dinero correspondiente a una subida pactada en 2002 por los grupos políticos y sindicatos que no se ajustaba a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cumpla tres años, el Partido Popular critica al equipo de Gobierno por no hacer nada para que el asunto quede en manos del gobierno siguiente. «Es lo que sospechamos», sostiene el portavoz Ángel Guerra.El concejal socialista responsable del área de Personal, Florencio Pérez se defiende al asegurar que el tema «nunca ha estado parado». «Se ha hablado con los sindicatos y se presentó un primer informe en el Pleno», expone. Además se está preparando un nuevo informe para «establecer un criterio de actuación ya que el dictamen judicial dice que se retrotraiga a la situación de noviembre de 2002 pero no especifica cómo ni con qué parámetros». «Hay que establecer un criterio y llevarlo a cabo en cada nómina. Luego cada trabajador podrá recurrir si lo considera oportuno», advierte mientras recuerda que la situación se podía haber evitado si el acuerdo se hubiese apoyado en «una relación de puestos y funciones».El problema, subraya, es la falta de personal para llevar a cabo un informe que «es complicado». «En Personal hay dos trabajadores y hacen lo que pueden», explica Florencio Pérez quien descarta externalizar la ejecución por una cuestión económica.Pero el tiempo apremia y cuanto más tarde se actualicen las nóminas y se ejecute la resolución más aumentará la deuda para estos 157 trabajadores afectados. «La situación es complicada y habrá que justificar» cada decisión. En cualquier caso, recuerda, la devolución es obligada. Recortes  Por otro lado, el oficial mayor prepara ya el informe jurídico para ver cómo van a afectar los recortes anunciados desde el Gobierno central para la reducción del déficit público y, que al parecer pueden rondar el millón de euros.Por el momento, «el recorte se impondrá sobre las nóminas vigentes», explica el concejal de Personal, Florencio Pérez.