Los afectados de Fórum se reunirán tras eximir el TS al Estado de responsabilidad

J. F. CORCUERA / ArandaEl final del año ha traído malas noticias para los afectados por la supuesta estafa de Fórum y Afinsa. Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 13 de diciembre pasado exime al Estado de responsabilidad patrimonial por no vigilar la actividad de ambas sociedades de inversión, intervenidas el 9 de mayo de 2006 tras veinticinco años de funcionamiento.Los afectados por la decisión del Alto Tribunal en la comarca de Aranda superan los 1.300 -más del doble que los registrados en Burgos capital, alrededor de unos 600-. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Aranda de Duero atendía ya a casi setecientos en los días siguientes a que se conocieran las intervenciones de Fórum Filatélico y de Afinsa. De los datos recogidos entonces en esa oficina se podía colegir que los ribereños habían invertido en esas sociedades cantidades que oscilaban de entre los 30.000 hasta los 300.000 euros.Un grupo de inversores creaba a mediados de 2008 un Comité Local de Afectados compuesto por veinticinco miembros que se presentaban como voluntarios en el transcurso de una reunión informativa que se celebró en la Casa de Cultura. Fuentes de este Comité informaban ayer a este periódico de que se reunirán nada más concluir el periodo festivo para analizar la situación «y recabar información de Adicae en Valladolid».La fuente consultada reconoce que el desánimo cunde entre los afectados en la comarca de Aranda tras conocer el contenido del fallo del Tribunal Supremo. «La gente está muy cansada después de tantos años», señala. Mientras, la vicepresidenta de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Ana Solana, calificaba en declaraciones al ‘Norte de Castilla’ como «ignominiosa» la sentencia del Alto Tribunal.Solana anunciaba que se denunciará «de inmediato» a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «por dejar indefensos a medio millón de consumidores». El Comité de Afectados de Aranda solicitará esa información a la delegación de Adicae en Valladolid una vez que se reúnan a mediados de este mes.El Tribunal Supremo, que confirmaba un fallo de la Audiencia Nacional dictado el 5 de febrero de 2010, ratifica que no es exigible al Estado la garantía «absoluta» del adecuado funcionamiento del sistema. Y resuelve que en ningún caso la Administración generó la confianza «que se predica como defraudada» y subraya que los demandantes «actuaron por su libre voluntad y en relaciones privadas que se movían en el ámbito mercantil».Los afectados en Aranda por la intervención de ambas entidades, a los que se sumaron los de Arte y Naturaleza -de similares características- recogieron en mayo de 2008 firmas mesas que se colocaban frente al edificio de los Juzgados y en la Plaza Mayor. Y en el mes de octubre de ese año organizaban también en Aranda -que se sumaba así a otras 20 ciudades- concentraciones en las calles para reclamar la creación de un Fondo de Compensación de Pérdidas.El agujero patrimonial estimado entre las dos empresas asciende a 4.600 millones de euros. De esa cantidad, y según los cáculos que se efectúan tras el proceso desarrollado desde la intervención -con la valoración de activos, venta del patrimonio inmobiliario y otras acciones- los afectados podrían recuperar un 30% de lo invertido. Otras estimaciones reducen ese porcentaje.