García alerta de supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento
Izquierda Unida pide a la alcaldesa, Raquel González, que abra una investigación y obligue al secretario de la sección sindical de UGT a presentar pruebas
LORETO VELÁZQUEZ / Aranda
Las declaraciones del secretario sindical de UGT, Andrés García, en las que alerta de posibles casos de corrupción en el Ayuntamiento de Aranda, podrían derivar en una investigación interna, si prospera la propuesta que emitió ayer el grupo municipal de Izquierda Unida a la alcaldesa, Raquel González. La denuncia pública de este funcionario afecta al área de Personal, donde asegura, que ha podido haber casos de favoritismo en la contratación de algunos trabajadores de cinco empresas que operan para la Concejalía de Medio Ambiente.
Así, García sostiene que el Ayuntamiento podría haber influido en la contratación de algunos empleados por afinidad o por mantener algún tipo de lazo afectivo, amistoso o familiar. García expone además algunos casos concretos, que según él, deberían ser investigados como el aseo urbano, el Punto Limpio, la planta de compostaje, el servicio de Parques y Jardines y la Depuradora.
«Habría que preguntar a los gerentes cómo se realizaron las contrataciones de esas personas, que quieras o no, guardan relación con el Ayuntamiento», subraya.
Gravedad
Para Izquierda Unida la gravedad de estas acusaciones exige que el funcionario aporte las pruebas que tenga sobre los hechos punibles que ha denunciado de forma pública para que «se investiguen los mismos» y se depuren responsabilidades, si es que procede, «para salvaguardar el buen nombre de la Institución».
En este sentido, la formación dirigida por Máximo Pastor, recuerda que el artículo 52 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dice que los funcionarios públicos deben desempeñar con diligencia las tareas asignadas así como velar por los intereses generales «con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico».
En cuanto al funcionario, Andrés García , IU le recuerda que tiene la obligación de denunciar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos delictivos que ha hecho públicos, pues, de lo contrario incurriría en responsabilidad, como se deduce del artículo 93.3 de la citada Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos». «Si no rectifica y se demuestra que las acusaciones no son ciertas, deberá afrontar un expediente sancionador», sostiene desde Izquierda Unida, Antonio Miguel Niño.
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Máximo López Vilaboa, asegura que estudiarán el caso.