El PP anuncia que llevará al PSOE a la Fiscalía por el caso Proincove

L. V. / Aranda

Basándose en el informe del Letrado Mayor, y tal y como adelantó este periódico el pasado 14 de noviembre, el Partido Popular llevará a la Fiscalía el caso Proincove, convencido de que, existen responsabilidades políticas y técnicas que hay que depurar, como defensa al auto judicial que obliga al Consistorio, como medida cautelar, a devengar a la constructora Proincove, cuatro millones de euros por haber ocupado un terreno de su propiedad en el margen derecho del río Arandilla.

El PP, que todavía desconoce si actuará como Ayuntamiento o como grupo municipal, va más allá y pone al problema nombres y apellidos al asegurar que la concejala socialista, Mar Chamorro, trabaja para la empresa interesada, - que ha multiplicado por 27 el valor por el que adquirió los terrenos- , y que su marido, el abogado que representa a la empresa, compartía despacho con el entonces alcalde, Luis Briones.

«Creemos que hay indicios que sugieren la conveniencia de investigar», anunciaba el portavoz, Javier Rojas.

En su argumentación, considera que el PSOE está intentando desviar la atención sobre las verdaderas causas de un problema urbanístico que para el PP tiene dos fechas: el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el mandato de Luis Briones en el año 2000, y la valoración «desorbitada»", que hizo un «técnico no funcionario» en 2009, también bajo mandato socialista. «La valoración se hizo dejando al margen a la jefa de ese departamento y el alcalde no tomó ni un solo acuerdo para recurrir o reducir esta cantidad», sostiene Rojas quien recuerda que el tema solo se trató en tres comisiones informativas y nunca llegó a Junta de Gobierno como debía haber pasado. «Se ocultó a la oposición», añade.

Bajo esta perspectiva, y «por higiene democrática», Rojas pide la dimisión tanto de Chamorro como de Briones, y también del que fuera concejal de Urbanismo, Eusebio Martín, «por negociar con la empresa a espaldas de la comisión de Gobierno».

La responsabilidad también puede afectar al arquitecto que en su día realizó la valoración. «Creemos que hay responsabilidades políticas y si las investigaciones apuntan a que hay errores que pagar, ¿por qué no?», advierte Rojas.

En cuanto a la etapa en la que gobernó el PP, y conscientes de que fue en 2005 cuando se realizó la obra del sendero, Raquel González admite que se pudo dar algún tipo de inacción, pero insiste en que el verdadero problema está en la valoración desproporcionada de 2009. «Nunca se inició un expediente de expropiación siendo el propietario quien forzó al Consistorio a fijar un justiprecio», sostiene convencida de que el error «probablemente estuvo en no recurrir en su día». «Si la inacción fue interesada, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía».

Solución

El equipo de Gobierno se muestra dispuesto a buscar cualquier resquicio legal de defensa que impida ejecutar un pago que supondría «un grave quebranto» a las arcas municipales. «Nos dejaría muy maltrechos a la hora de poder desarrollar cualquier proyecto», sostiene consciente de que supone el 20% del presupuesto total del Ayuntamiento. «Es importante saber qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir», subraya.

Aunque la empresa dejó ya clara en la última reunión, que quiere el pago en dinero, el Ayuntamiento no descarta pagar a través de permuta. «Estamos analizando todas las posibilidades», aseguraba la regidora municipal arandina, Raquel González.