El Ayuntamiento arandino baraja el derribo de la depuradora

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

El Ayuntamiento comienza a barajar la posibilidad de tener que derribar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), tal y como resolvió por primera vez el Tribunal en el año 2001. Y todo ello al ser consciente de que las alternativas se agotan por momentos, y a tenor de la dureza con el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el último recurso municipal.

Y es que el juez lo tiene claro: el resquicio legal al que el Ayuntamiento pretendía ampararse en el recurso de casación, no tiene cabida porque el reglamento que aprobó la Junta de Castilla y León en el año 2009, no puede afectar a una instalación que contaba de forma previa con una sentencia firme de ilegalidad.

La resolución, contra la que no cabe presentarse recurso, reprocha además la actitud pasiva de un Ayuntamiento que, en su opinión, ha hecho todo lo posible por dilatar el proceso con el único objetivo de incumplir la sentencia judicial ya conocida. Bajo esta perspectiva, el auto condena al Consistorio arandino al pago de 5.000 euros en concepto de costas.

Hay que recordar que el Alto Tribunal siempre ha mantenido la misma postura: la depuradora es ilegal al localizarse a menos de 2.000 metros de un núcleo de población.

Informe jurídico

Por el momento, y a la espera de que un informe jurídico evalúe la viabilidad de una posible defensa, los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento arandino, mantuvieron ayer una reunión de la junta de portavoces monográfica, en la que profundizaron en el dictamen gracias a las explicaciones aportadas por el servicio jurídico del Ayuntamiento.

«El equipo formado por el abogado, el letrado mayor y el secretario van a analizar todas las posibilidades», explicaba la portavoz del equipo de Gobierno local, Azucena Esteban.

Y mientras el Ayuntamiento de Aranda decide qué hacer, desde el hostal El Ventorro, sus dueños no esconden su satisfacción ante una resolución que, por tercera vez, les da la razón. «Estamos muy satisfechos porque el auto es muy claro, es un varapalo total para el Ayuntamiento y para la Junta de Castilla y León, que no puede legislar para impedir que se cumpla una sentencia firme», defiende el abogado de El Ventorro, Alejandro Suárez.

Éste entiende que ya «no cabe absolutamente nada», tienen que cumplir de una vez, e iniciar un plan de desmantelamiento», concluye. Y advierte de que en la resolución ya se habla de multas coercitivas, si no se lleva a cabo.

Aunque hasta el momento sólo han solicitado el cumplimiento de la sentencia, el abogado adelanta que en una fase posterior pedirán también daños y perjuicios por todos estos años de demora.

Varapalo

Así se resume un nuevo varapalo judicial que se une a otras sentencias dictadas este año y también relevantes, como la del caso Proincove, en la que el Tribunal obliga al Ayuntamiento, como medida cautelar, a pagar cuatro millones de euros antes de 2018.