La Plataforma denunciará a la alcaldesa si concede la licencia provisional a la plaza

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

Preocupados por la maniobra política que pudieran estar llevando a cabo la alcaldesa de Aranda, Raquel González, y su socio de Gobierno, el concejal de Ciudadanos de Centro Democrático, Alfonso Sanz, y ante el temor de que el equipo de Gobierno haya podido alcanzar ya un acuerdo extraoficial para dar la licencia a la plaza de toros, la Plataforma Ciudadana advierte: acudirán a la Justicia, tanto a la vía de lo Contencioso Administrativo como a la vía penal. «Llevaremos al juzgado a todos los que aprueben este ilegalidad», adelanta el portavoz Julián Mateos, convencido de que, después de once años de incumplimientos por parte del empresario, solo hay un camino: resolver el contrato, tal y como recomendó el letrado Francisco Javier Esgueva en el informe que contrató el Ayuntamiento. «Él dejaba muy claro el procedimiento a seguir; el Ayuntamiento no tiene por qué ir a los tribunales, basta con un trámite administrativo y un dictamen del Consejo Consultivo», apunta sorprendido por la actitud de un equipo de Gobierno que pagó 18.000 euros por un informe, «que luego ha ignorado». «Si la alcaldesa se hubiese puesto a trabajar cuando recibió el informe el 14 de agosto de 2013, o cuando se lo pasó al resto de partidos, en octubre de 2013, ahora podíamos estar a pocas semanas de una nueva feria taurina, con otro empresario, claro», subraya sin olvidar los daños y perjuicios que el Consistorio tiene que exigir.

Aunque desde el equipo de Gobierno todavía no han descartado la última propuesta de Del Río de adquirir una parcela para resolver el problema de los aparcamientos, la Plataforma se aferra al informe que ha elaborado la jefa municipal de Urbanismo, Marisa Haro, en el que deniega la recalificación de un suelo rustico, porque hay fincas urbanas disponibles. «Tampoco los aparcamientos son la solución, falta por cumplir 60 irregularidades y eso no lo decimos nosotros sino el propio informe de Javier Esgueva», insiste el portavoz de la Plataforma.

Resolución

Para el colectivo, el hecho de que la empresa Toros Ricor siempre vaya un paso por delante, como a la hora de pedir la resolución judicial del contrato (con una indemnización de 12 millones de euros), solo responde a una justificación: «El Ayuntamiento no está defendiendo los intereses de los ciudadanos, son ineficientes y solo les para la ley y las sentencias», explica indignado porque el empresario ha contado siempre con un aliado de excepción, «la administración pública». «Es escandaloso», lamenta.

Su preocupación se extiende a los expedientes sancionadores, que según el colectivo han prescrito por la dejadez de los políticos y que según la alcaldesa, solo están caducados. «Si es así, ¿por qué no ha incoado de nuevo el expediente para que no prescriba?», cuestiona consciente de que esta misma pregunta se la hecho la fiscalía a la alcaldesa. «Todavía no ha contestado».

Tampoco albergan demasiadas esperanzas en la auditoría externa que contrató el equipo de Gobierno a petición del PRCAL, y que no tendrá carácter vinculante. «Está claro que ha habido corrupción», zanja.-Más información en edición impresa-