El Ayuntamiento culmina un nuevo trámite para dar salida al coso

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

Aunque era un mero formalismo, era necesario. La alcaldesa de Aranda, Raquel González, convocó ayer una nueva junta de gobierno local extraordinaria, para rubricar el acta de lo que el martes aprobó con el apoyo de la mitad de su equipo de Gobierno, y que posibilitaba la construcción del aparcamiento de la plaza de toros. Además de dar salida a la declaración de uso excepcional de suelo rústico, que había solicitado el empresario Victoriano del Río.

Terminan así con los últimos trámites para conceder una licencia definitiva, que según aseguró la regidora, se concederá cuando finalicen las obras del aparcamiento, -que ya se han iniciado-, y cuando los técnicos municipales supervisen la instalación.

Aunque la alcaldesa defiende la legalidad del proceso, lo cierto es que la ruptura del acuerdo que selló con todos los grupos políticos con representación municipal -para iniciar la resolución del contrato por los incumplimientos de la empresa Toros Ricor-, no ha sido entendida ni por la oposición, ya que ésta culpa a la alcaldesa de haber perdido la oportunidad de recuperar el patrimonio. Ni tampoco por sus propios compañeros: Celia Bombín, Diego Velázquez, Javier Rojas y Ángel Calvo, que han preferido mantenerse al margen.

A este respecto, hay que recordar que la junta de Gobierno Local que convocó González a principios de semana, tuvo que acudir a la segunda convocatoria ante la falta de apoyos. Y es que, la alcaldesa sólo ha logrado convencer de su proyecto a tres de sus siete concejales.

Rojas

Aunque algunos disidentes han rehusado hacer declaraciones, Javier Rojas habla claro para este periódico: «Tengo miedo pero no soy ningún cobarde», advierte convencido de que no puede apoyar una votación con el temor de que no sea bueno para Aranda. «Entiendo además, que puede traer consecuencias y por eso he decidido quedarme al margen y no votar ni a favor ni en contra», argumentaba.

Bajo esta perspectiva, y aunque respeta la decisión que ha adoptado la alcaldesa, el edil -que no está afiliado al Partido Popular-, asegura que no entiende cómo en unos meses se ha pasado de acordar con todos los grupos la resolución del contrato, a una licencia definitiva. «La dignidad de un pueblo no tiene precio», responde ante los que defienden -como la alcaldesa-, que la resolución «nos podría costar un dineral».

También responde el concejal Diego Velázquez. «Estamos para trabajar por los intereses de Aranda y no para defender los de un señor», discrepa al recordar que de los 21 concejales sólo han apoyado a la alcaldesa tres. «Yo respondo ante mi pueblo», termina.