El PP estudia si expedienta a un funcionario por acusar en falso
ARANDA
No es la primera vez que lo intenta pero en esta ocasión la alcaldesa de Aranda tiene claro que pueden ser objeto de un expediente sancionador las manifestaciones que el funcionario Andrés García realizó en una comisión de Obras, como secretario general de la sección sindical de la FeSP- UGT, en las que aseguraba que el proceso de selección que se está llevando a cabo para elegir a un funcionario interino que ayude en las tareas de la secretaría general, «ya estaba dado» y que estaba en disposición de escribir el nombre del futuro empleado que ganaría esa plaza.
«Por el momento vamos a abrir un expediente informativo», adelanta a este periódico Raquel González, a sabiendas de que la secretaria general, como principal persona aludida, ya ha apercibido a este funcionario y no descarta acudir a la vía judicial por un presunto delito de calumnias. «Sus manifestaciones, toda vez que resultan falsas y no probadas, pudieran ser constitutivas de una falta grave al régimen disciplinario», advertía a Andrés García el 30 de agosto, en un burofax, la propia secretaria general, Ana Isabel Rilova.
Lejos de retractarse, el funcionario municipal registró el lunes en el Ayuntamiento un documento de 18 páginas en el que insiste describir lo que considera como irregularidades, malas prácticas y faltas de respeto. «Como políticos sólo podemos abrir un expediente para que el tribunal, compuesto por funcionarios, analice toda esta información y por supuesto, las alegaciones que presente la secretaria como afectada», explica el concejal de Personal, Emilio Berzosa.
Todo comenzó en el pleno del pasado mes de junio, seis meses después de la llegada de la nueva secretaria general al Consistorio. En un tono rotundo, Ana Isabel Rilova aseguró que el Ayuntamiento de Aranda no funcionaba como debía y que la mayoría de los expedientes estaban incorrectos o incompletos.
Por ello, pedía paciencia a los corporativos porque estaba poniendo «orden» en un sistema que funcionaba «al revés».
El enfrentamiento entre la secretaria y este funcionario ha llegado incluso a los insultos, según la versión de Andrés García, que asegura que la secretaria general le llamó ‘soberbio’ el pasado 17 de junio durante la mesa de negociación del personal funcionario, y el 30 de agosto, en una reunión en Alcaldía, le espetó: «eres un melón».
El funcionario responde
«No recuerdo que nadie nunca me haya tratado así en el Ayuntamiento en los 32 años que llevo y mira que he tenido desencuentros de pareceres y jurídicos con todo tipo de concejales, alcaldes, sindicatos y funcionarios», lamenta el trabajador, quien no duda en terminar el escrito con una amenaza al asegurar que está recabando información en Noja, la ciudad donde esta secretaria prestó servicios antes de trasladarse a la capital ribereña. «Los presagios se quedan cortos», afirma.
La noticia ha sorprendido a todos. «Habrá que ver cómo ha sido todo y analizar si se ha extralimitado», sostiene el concejal socialista, Ildefonso Sanz. «Vamos a esperar a ver qué explicaciones dan», añade el concejal de Sí se Puede, Mario Martín Veganzones, quien hace un llamamiento a la alcaldesa para que medie en los problemas internos y contribuya a mejorar el ambiente laboral. «Tanto los políticos como los técnicos estamos para servir a los ciudadanos, no se puede llegar a las faltas de respeto y a que se estén denunciando unos a otros en los tribunales».
Lejos de dar credibilidad al funcionario, la alcaldesa, Raquel González, muestra su total respaldo a la secretaria general a la que califica como una mujer trabajadora, con aplomo y arrojo, «que ha venido para ayudar a este pueblo a pesar de tener otras alternativas». «Por fin se está poniendo orden en el Ayuntamiento», zanja.
Hay que recordar que hace cuatro años el Ayuntamiento inició los trámites para expedientar a este mismo funcionario por denunciar ante los medios de comunicación casos de favoritismo en la contratación de algunos trabajadores que guardaban algún lazo afectivo, familiar o amistoso con determinados concejales.
Entonces, el expediente no prosperó porque un informe jurídico avaló su conducta al entender que actuaba dentro del derecho de libertad de expresión.