La jueza sopesa ya si se libera a los jugadores pese al impacto en la niña

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero sopesa ya si accede a la petición formal para excarcelar a los tres futbolistas detenidos en diciembre por un presunto delito de abusos sexuales sobre una menor de 15 años, liberación a la que no se opone la Fiscalía, o los mantiene en prisión preventiva a la espera de juicio como reclama la familia de la niña a través de su abogado y la acusación popular, que ejerce la Fundación Clara Campoamor.

La jueza ya conoce la postura de todas las partes implicadas desde que a última hora de ayer el letrado de la acusación particular no agotase el plazo que tenía y que acababa el lunes y comunicase al juzgado que se opone a la petición formal de los abogados de la defensa de los futbolistas para que esperen el juicio fuera de las prisiones de Burgos y Villanubla, en las que permanecen internados. Por tanto, está en manos de la juez colmar las expectativas de los futbolistas o acallar la angustia de la familia de la menor y de la propia niña, que el pasado martes tuvo que ser asistida por el 112 al sufrir un ataque de ansiedad tras conocer la postura de la fiscalía. Su abogado, Fernando G. Puertas, ha explicado que se encuentra «bastante mal», dado que para una niña de 15 años es «bastante difícil» vivir esta situación.

Desde la asociación Clara Campoamor, el letrado, Antonio Calvo, no esconde su crispación ante el cambio de actitud de una fiscal que hace cinco días aseguraba en un escrito «que la niña estaba segura porque ellos estaban en prisión» y ahora «sorprende diciendo que no se opone a la excarcelación».

En su opinión, no solo está en riesgo la posibilidad de que una vez fuera, los jugadores alteren pruebas o se pongan en contacto con testigos que si bien la juez ha decidido descartar en esta primera fase, luego pueden ser llamados a declarar en un procedimiento judicial. «El riesgo de fuga es también evidente», advierte al recordar que de ser condenados, los jóvenes se enfrentan a penas superiores a los diez años. «El hecho de que no tengan recursos no significa que no los puedan conseguir en la familia o amigos», argumenta preocupado también por las redes sociales. «La Fiscalía propone que los jugadores mantengan con la menor una distancia de un kilómetro pero, ¿y el daño que pueden hacer a través de las redes?», cuestiona.

Así las cosas, ayer fueron todo esperas. Por un lado, los deportistas encarcelados que no ven el momento de regresar a casa, aunque sea mientras se desarrolle la instrucción y el más que probable procedimiento judicial. Por otro, la menor denunciante y una familia sobrepasada por los acontecimientos, la presión social y el interés mediático.

Nuevas declaraciones

Al no tener noticias ayer, habrá que esperar a ver si hoy la juez que instruye el caso, decreta la excarcelación, como piden los tres abogados de Carlos Cuadrado Santos, Víctor Rodríguez Ramos y Raúl Calvo Hernández, o por el contrario hace caso a la acusación, popular y particular, y mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Pero también cabe la posibilidad de que la juez atienda la solicitud de la Fundación Clara Campoamor y antes de liberar a los investigados, les llame otra vez a declarar para explicar, entre otras cuestiones, por qué no dijeron que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, el 24 de noviembre, estaba con ellos un cuarto jugador que podía darles coartada. El letrado de la familia también pretende que se llame de nuevo a declarar a los tres acusados ya que a su juicio existen contradicciones entre su versión de los hechos y otros testimonios ante el juez, por lo que añade este argumento a su petición de no liberar a los jugadores ya que teme que en la calle les sería más fácil concertar una versión común de los hechos.

Hay que recordar que el ministerio público no se opone a la excarcelación planteada por la defensa, al entender que ya no se da el riesgo de corromper pruebas ni el de fuga, pero aconseja imponer ciertas limitaciones como la prohibición de acercarse a la menor a menos de 1.000 metros, «en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, colegio, o cualquier lugar frecuentado por ella» o la privación de comunicarse con la adolescente denunciante «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual».