El Correo de Burgos

Los vecinos de pueblos afectados piden una legislación más restrictiva contra las macrogranjas y macroplantas

Exigen una reunión con Alfonso Fernández Mañueco, más allá de la convocada por el delegado territorial del día 16 de diciembre

Los vecinos reivindican al delegado territorial en la última visita de Mañueco a Aranda

Los vecinos reivindican al delegado territorial en la última visita de Mañueco a ArandaLoreto Velázquez

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Aranda

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Preocupados por la proliferación de macroplantas y macrogranjas, la plataforma que representa a los pueblos afectados insiste: “Es necesario una legislación urgente que establezca límites y condiciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos”. “El modelo de desarrollo que estas instalaciones representan no es compatible con la esencia de nuestros pueblos. Si no se detiene a tiempo, la cultura, la biodiversidad y el tejido social de Castilla y León estarán en peligro”, advierten desde Stop Macroplantas y Macrogranjas.

Tras conocer que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, no se reunirá con ellos por “saturación de agenda”, pero se ha comprometido a que el delegado territorial de Burgos “inicie un proceso de diálogo”, que comenzará con una primera reunión, los vecinos no esconden su malestar. “No es suficiente. Queremos ser escuchados y ser escuchados directamente por quien toma las decisiones estratégicas en Castilla y León”, responden.

Ellos lo tienen claro: “Las macroplantas y macrogranjas no solo afectan al medio ambiente, también comprometen el futuro de nuestros hijos y el de toda la comunidad rural”.

Su preocupación, aseguran, no es infundada. “Según las estimaciones de la propia Junta de Castilla y León, está prevista la construcción de hasta 60 macroplantas en cada una de las provincias de la Comunidad, lo que consideramos una cifra desmesurada y carente de planificación estratégica”, rechazan, preocupados por los impactos negativos, como la contaminación del suelo y de las fuentes de agua, el aumento de malos olores y el deterioro de la salud pública en zonas cercanas. “En las zonas donde ya operan este tipo de instalaciones, disminuyen las oportunidades económicas tradicionales, como la agricultura de calidad o el turismo rural. Además, los recursos hídricos se ven sobreexplotados, algo que, en nuestra región, con problemas recurrentes de sequía, resulta catastrófico”.

En su opinión, la expansión descontrolada de las macroplantas y macrogranjas se ha visto favorecida por la ausencia de una legislación. “En lugar de representar una oportunidad económica, estos proyectos están suponiendo un riesgo para el medio ambiente del entorno en el que se encuentran, especialmente para el agua y la biodiversidad, pilares fundamentales de sus entornos rurales, sin olvidar los posibles problemas de salud en los ciudadanos, debido a los contaminantes aún desconocidos y los olores insoportables que generan este tipo de plantas, pudiendo afectar a la cadena alimenticia humana y animal", apremian.

La tensión, desde luego, se palpa en el ambiente. Así se vio en la reunión informativa que convocó Iberdrola el pasado 4 de noviembre sobre el proyecto de macroplanta de biometano de Milagros, donde más de cien personas de Milagros, Fuentemolinos, Fuentelcésped, Fuentespina, Aranda de Duero, Campillo, Aldehorno y Torregalindo se manifestaron en la entrada mostrando su rotundo rechazo. “A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que el malestar de la comunidad está lejos de resolverse, y la falta de respuestas por parte de la empresa no hizo más que reforzar el escepticismo y la desconfianza entre los asistentes”, lamentan desde la plataforma de Stop macroplantas y macrogranjas y plataforma Stop ganadería industrial de España.

Los vecinos aseguran que seguirán movilizándose para proteger el territorio y el bienestar de sus habitantes, “judicializando cualquier acción que amenace el entorno y la salud pública”. “La reunión concluyó con un llamado unánime de los vecinos y autoridades locales a rechazar el proyecto en su forma actual, apelando a las autoridades medioambientales y judiciales para que consideren el impacto real de la macroplanta y protejan los intereses de los habitantes de Milagros y sus alrededores”, terminan.

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