Prado Sport advierte de que la gestión de la piscina municipal cubierta acarreará pérdidas económicas a los arandinos

Tras conocer los precios de los cursillos de natación de la piscina municipal, actualmente gestionada por el Ayuntamiento de Aranda, el complejo deportivo privado, Prado Sport denuncia que la tarifa está por debajo del coste de los cursos, lo que supondrá pérdidas económicas para el Ayuntamiento y por ende, para los ciudadanos.

Según explica la gerente, Ana de la Calle, con el sistema actual de funcionamiento del servicio, es el Ayuntamiento el que paga los gastos energéticos, entre otros, y recibe los ingresos de las actividades que se desarrollan en la piscina. La empresa Sigma, únicamente es adjudicataria de los servicios de personal y plan deportivo, por lo que no asume las pérdidas derivadas de los precios de venta de las actividades.

La empresa arandina Prado Sport considera que 12.5 euros al mes (IVA incluido), precio por un día de natación de 50 minutos para los abonados de piscina (50 euros cuatrimestre IVA incluido), no cubre los gastos de monitor, vestuarios, climatización del aire, desinfección del agua y duchas, “necesarios para prestar el servicio de clases de natación”. “Hay que aclarar que las pérdidas que puedan derivarse de los precios establecidos por el Ayuntamiento las pagaremos entre todos los ciudadanos ya que, en el actual sistema de gestión de la piscina municipal, es el Ayuntamiento quien asume las pérdidas derivadas de la gestión.

Prado Sport lamenta además la competencia desleal. “Entendemos que cuando se hace un curso con un fin social dirigido a facilitar el acceso de población afectada por unas circunstancias se actúe por debajo de coste, pero no de forma genérica, compitiendo con las empresas de actividades infantiles de la comarca”.

En su etapa como concesionaria de la piscina Municipal, de 2013 a 2021, Prado Sport se regía por un contrato diferente al actual. La adjudicataria actual cobra por la prestación del servicio de personal con un precio preestablecido que paga el Ayuntamiento, tal como recoge el pliego de concesión actual.