El reglamento del Defensor de la Cadena Alimenticia contemplará la denuncia anónima de cualquiera que sea víctima de una práctica abusiva

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, aseguró hoy que la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria, recogida en la Ley Agraria de Castilla y León aprobada el pasado mes de marzo, permitirá al Gobierno autonómico ejecutar con más eficacia la ley nacional y aplicar en la Comunidad un procedimiento más riguroso.Además, aseguró que en el desarrollo reglamentario del Defensor de la Cadena Alimentaria se establecerá el mecanismo para que cualquiera que sea víctima de una práctica abusiva, ya sea un productor, una industria o cualquiera de los intermediarios, pueda denunciar y no tenga que identificarse. Después, desde el propio Defensor, según explicó la consejera, se realizará un análisis y se emitirán recomendaciones.“Es una paso muy importante para atajar un problema que siempre está de actualidad y que más afecta a las condiciones de mercado. El equilibrio de la cadena sólo se puede lograr con el trabajo coordinador de todos los eslabones, que es lo que estamos pretendiendo”, sentenció Clemente.La consejera de Agricultura aseguró que lograr el equilibrio de la cadena alimentaria es muy complicado, pero resaltó que en los últimos años se ha avanzado mucho gracias a la ley nacional aprobada por el Gobierno, la primera de estas característica y donde, entre otras medidas, se recoge la obligación de firmar contratos entre productores y distribuidores.En este sentido resaltó que la ausencia de contratos coloca al productor en una situación de debilidad, “dado que no conocer el precio hasta el momento en el que se había vendido el producto y el comprador decidía qué precio pagar, era una incertidumbre extraordinaria para poder producir”. Además, la consejera explicó que la normativa nacional establece un código de buenas prácticas, reglamento que se está definiendo en estos momentos, y donde se prohíben las prácticas abusivas y se establecen los mecanismos de denuncia por parte de los operadores de la cadena.Clemente, que realizó estas declaraciones antes de participar en la jornada 'El nuevo marco normativo de la cadena alimentaria', organizada por 'EL MUNDO-DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN' en Valladolid,Junto a Clemente también participaron en el foro de 'EL MUNDO' el secretario general de COAG a nivel nacional, el zamorano Miguel Blanco; el presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), Ignacio García Magarzo, y el director de la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero.DistribuciónMientras tanto, García Magarzo aseguró que tanto la ley nacional sirve para proteger la “situación de debilidad de los productores”, a la vez que resaltó que el reto es mantener la competitividad de todos los sectores que intervienen en la cadena. “Nuestro objetivo no es otro que el de colaborar con la administraciones para la aplicación de una ley que en su momento se explicó como una norma contra la distribución, pero que después de un año de vigencia se ha demostrado que no es una ley contra nadie y que, principalmente mejorar las condiciones de los productores.COAGPor su parte, el secretario nacional de COAG, Miguel Blanco, calificó de positiva la normativa nacional así como la regulación realizada por la Junta a través de la Ley Agraria. “Entendemos que da seguridad jurídica y que aporta transparencia, algo fundamental para los productores, pero también hay que dejar claro que esta normativa no ha garantizado y entendemos que puede no garantizar el equilibrio entre los distintos eslabones”.Blanco criticó que la situación de debilidad de los agricultores no se puede corregir simplemente con los contratos y puso como ejemplo la situación del sector lácteo, donde a pesar de existir la obligación de suscribir contratos desde hace dos años, la industria decide “unilateralmente” bajar los precios. “Los contratos obligan a los dos partes, pero no obligan a fijar un precio determinado, que al final lo acaba fijando la posición de dominio”.El secretario de COAG también criticó que la situación del sector vitivinícola, donde no se están realizando contratos a pesar de tratarse de un producto perecedero y donde la uva se entrega a resultas y sin fijarse ningún precio. “De todas formas, hay que dar tiempo al tiempo y agradecer el esfuerzo de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que seguro que dará unos resultados positivos”.Blanco insistió que la cadena alimentaria necesita producir valor y repartirlo de forma equitativa. “Estamos ante sector estratégicos y no podemos depender del exterior, ya que sería un suicido. Tenemos que reformar nuestro sistema agroalimentario y para esto tenemos que reforzar todos los eslabones de la cadena con equilibrio”.AgenciaPor su parte, el director de la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero, subrayó que la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, es una “ley histórica para el sector agroalimentario, ya que es la primera vez que existe una norma tan ambiciosa para luchar contra los desequilibrios y donde se establecen derechos y obligaciones para todos los actores de la cadena”.Además, explicó que la Agencia de Información puede actuar por denuncia, tanto de empresas o de asociaciones, o abrir una investigación de oficio. En este sentido explicó que existe un plan de controles y que en la actualidad se está investigando sectores como los de la leche líquida envasada, el aceite y las frutas y hortalizas, con más de 150 inspecciones en determinados puntos de la cadena para ver si existen contratos con precio y si se está pagando a 30 días.Además, con relación al vino, informó que se están investigando numerosas denuncias presentadas por parte de las organizaciones, e insistió en la necesidad de que existan contratos donde se determine el precio que deben pagar las bodegas a los agricultores. Además, aseguró que en el caso de detectarse incumplimientos se impondrán sanciones económicas que pueden llegar a alcanzar el millón de euros en el caso de infracciones muy graves, y subrayó que la Agencia, garantizando la confidencialidad, está abierta a recibir denuncias concretas que aporte pruebas.