La Asociación de Fundaciones pide más incentivos fiscales al mecenazgo para mantener sus servicios

El presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Silverio Agea, reclamó hoy al Gobierno de España más incentivos que los previstos en la reforma fiscal que se aplicará a partir de 2015 para poder mantener los 8.000 millones de gasto y atender a unos 30 millones de beneficiarios. Así, planteó que las deducciones por donaciones alcancen el 70 y el 65% en los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades, y que se favorezca el micromecenazgo.En ese sentido, Agea advirtió de que la reforma fiscal del Ejecutivo de Mariano Rajoy “va por el buen camino”, pero advirtió de que no es “suficiente”. Explicó que las fundaciones españolas han mantenido su actividad durante los años de crisis gracias al patrimonio propio, las desinversiones programadas y el “esfuerzo” realizado para reestructurarse con el objetivo de ser más “eficientes”, que se ha traducido también en medidas de ajuste en la plantilla.“Hasta aquí hemos llegado”, afirmó Agea durante la presentación en Valladolid de un informe sobre el sector fundacional en España entre 2008 y 2012. El presidente de AEF expuso que estas entidades han “consumido” sus reservas para compensar el descenso en 2.000 millones de los ingresos, ya que aseguró que los gastos, unos 8.000 millones, se ha mantenido. Las dificultades para lograr recursos, tanto privados como públicos, se ha traducido en la desaparición de unas 1.000 fundaciones, lo que supone el diez por ciento del total.Asimismo, Agea consideró que no es necesario que el Gobierno de España reforme la Ley de Fundaciones, sino que debe avanzar en los vías de financiación, dando más protagonismo a la sociedad civil. Para ello, expuso que se debe avanzar en materia fiscal, puesto que el 85% de los recursos del sector proceden del sector privado. En concreto, indicó que la reforma fiscal plantea elevar del 25 al 30% la deducción en el IRPF por aportaciones, más cinco puntos adicionales, si el apoyo es plurianual. La Asociación reivindicó que el porcentaje alcance el 70%, siguiendo el modelo francés.De la misma forma, la organización considera que es posible que la deducción del 40%, frente al 35 anterior, en el Impuesto de Sociedades, que puede ser superior si se trata de una iniciativa para varios ejercicios, llegue al 65%. En línea, AEF pidió que se favorezca el micromecenazgo permitiendo que los 150 primeros euros de aportación desgraven el 100% y no el 75% actual. Agea argumentó que estos descuentos fiscales son posibles porque por cada euro invertido, la administración recupera 1,2 o 1,3 euros. “Es una buena inversión”, apostilló.Otra de las reivindicaciones es la creación de un registro y protectorado estatal, coordinado con el resto de instituciones autonómicas para incrementar la transparencia de este sector ya que en la actualidad existen más de 70 en España. También, el presidente de la Asociación aprovechó para aclarar que el Instituto Nóos no era una fundación, sino una sociedad y señaló que todo el peso de la ley debe caer sobre los “chorizos”. A su juicio el formato jurídico de estas entidades no favorece determinados comportamientos.Salida de la crisisSilverio Agea y el catedrático Juan José García Rubio defendieron que el sector fundacional puede ayudar al país a superar la crisis económica. En el informe sobre las fundaciones entre 2008 y 2012 recogen que se trata de instituciones “muy intensivas” en mano de obra, que han empezado a recuperar puestos de trabajo. Además, destacaron que es un sector con una evolución contracíclica en el mercado laboral, ya que en periodos de destrucción mantuvieron los empleos.Además, defendieron que las fundaciones permiten atender a colectivos que se habrían quedado sin cobertura a raíz de la reducción de bienes, servicios y prestaciones que han aplicado todas las administraciones por las medidas de contención del déficit público. De hecho, recordaron que sólo un 15% de los 8.000 millones de gasto anual procede de las arcas públicas, por lo que el resto son aportaciones privadas que financian servicios, que el Estado tiene la obligación de ofrecer a la ciudadanía.En este escenario, Castilla y León ha perdido 250 entidades durante la crisis, especialmente en el ámbito local, aunque todavía atienden al 56% de la población.