ECONOMÍA
El 5,7% de los hogares sufre pobreza energética
Un estudio de Economics for Energy destaca que 1,8 millones de españoles no pueden hacer frente a los costes de la luz y el gas, el triple que en 2007
El 5,77 % de las familias de Castilla y León se encuentra en situación de pobreza energética, lo que supone el segundo porcentaje más bajo de España después del País Vasco (4,93 %). El informe 'Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación', elaborado por el centro de investigación Economics for Energy, señala que un total de 1,8 millones de hogares españoles no puede hacer frente a los costes de sus necesidades energéticas básicas y que el aumento de la brecha entre rentas triplica el número de familias en situación de pobreza energética en seis años, que ha pasado del 3,6 % en 2007 al 9,88 % en 2013.Los investigadores precisan que los datos se basan en el indicador de estándar mínimo de ingresos (MIS, de sus siglas en inglés), que es la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social, y ofrece unos filtros más objetivos que el denominado umbral del 10 % que considera que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando sus gastos en luz y gas superan el 10 % del total de sus ingresos.Con este parámetro, las comunidades con mayor pobreza energética son Canarias (15,09 %), Andalucía (15,05 %) y Murcia (14,59 %).El estudio encuentra además divergencias entre los distintos indicadores de pobreza general y energética, tanto a nivel agregado como por comunidades autónomas, lo que podría confirmar el interés de analizar la pobreza energética como un problema específico, no totalmente asimilable a la pobreza general.Precisamente, Castilla y León es, de nuevo, la segunda región del país donde la diferencia entre la pobreza energética y la situación de pobreza general es menor, con el -6,10 % y solo superado por Canarias (-6,79 %). En cambio , Madrid y Cataluña muestran mayores niveles de pobreza energética que los que les corresponderían de su realidad con respecto a la pobreza general.Aumento de la facturaTal y como señala el informe, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía. Entre 2007 y 2014, la factura eléctrica de un hogar medio en España se incrementó un 76 % y la factura de gas natural un 35 % en el mismo período, tanto por el afloramiento de costes como por la inclusión en la tarifa de conceptos derivados de políticas varias.Por otra parte, los investigadores destacan que la configuración del hogar influye de manera determinante sobre la probabilidad de sufrir pobreza energética. El perfil que se extrae de la investigación constata en especial riesgo de vulnerabilidad a las familias con hijos –sobre todo las familias numerosas– de ingresos bajos, que viven en régimen de alquiler y con su sustentador principal en situación de paro o inestabilidad laboral. Por contra, no han detectado diferencias significativas entre los hogares situados en zona urbana en relación a los de zonas rurales.Alternativa al bono socialLas recomendaciones de los autores del estudio para erradicar la pobreza energética se enmarcan en la necesidad social de terminar con la pobreza en general. Por lo que respecta a las medidas concretas, la principal propuesta es sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) financiada con cargo al presupuesto público.El bono social fue instaurado por el Gobierno español en 2009 y supone un descuento del 25% en la factura de la electricidad. Se aplica en caso de tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, de que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro, de ser beneficiario de una pensión no contributiva o de tener familia numerosa. Según los autores del informe, este instrumento presenta dos debilidades importantes ya que solamente es aplicable a la factura eléctrica y no protege específicamente a los consumidores más vulnerables.La prueba de esto es que el 78 % de los hogares beneficiados por el bono social lo son por tener una potencia inferior a tres kilovatios, cuando los datos prueban que "un consumo bajo no implica vulnerabilidad a la pobreza energética". Además, se trata de una fórmula que puede incentivar un mayor consumo.La alternativa propuesta por Economics for Energy es una transferencia a tanto alzado de cuantía fija, restringida a hogares vulnerables, que sea utilizable únicamente para pagar facturas de energía y que comprenda los gastos en todas las fuentes de energía para el hogar. En este sentido, se recomienda también que la ayuda se financie a través de los presupuestos públicos, en lugar de a cargo del sistema eléctrico como ocurre con el actual bono social, dado que siendo aplicable a todos los tipos de consumos energéticos (gas y gasóleo, por ejemplo) “lo más equitativo es que sea sostenido por el conjunto de los contribuyentes”.También se plantean otras medidas de apoyo, como las de fomento de la eficiencia energética e información o que las tarifas energéticas recojan fielmente todos sus costes y se excluyan los que no tienen relación directa con ellas.