Marcos confía en que la Ley de la Cadena Alimentaria se aplique “con garantías”

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, manifestó su confianza en que la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (conocida popularmente como Ley de la Cadena Alimentaria) “se vaya aplicando en Castilla y León con las garantías suficientes y la tranquilidad necesaria como para que no surja ningún tipo de conflicto”.Así lo apuntó instantes antes de que el director general de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero Velasco, ofreciera en el Hotel La Vega de Valladolid una charla organizada por la Agrupación Empresarial Innovadora de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis). Marcos anunció la intención del departamento que coordina de ofrecer jornadas similares en todas las provincias de la autonomía “para ayudar a la implantación de la nueva norma de una forma tranquila y segura”.La consejera agradeció a Vitartis la organización de la jornada, y su esfuerzo por “agrupar al sector agroalimentario innovador de la Comunidad”, ya que en su opinión “esa unión será lo que nos permita tener mejores resultados y más fuerza como Comunidad en un sector extremadamente representativo, que reúne más de 35.000 puestos de trabajo en estos momentos y que en el último periodo contabilizado generó 10.000 millones de euros en rentabilidad”.“Se trata de un sector muy importante, en expansión, que unido tendrá mayor capacidad de evolución y desarrollo en la Comunidad”, resumió antes de asegurar que el crecimiento debe llegar a partir de “criterios de resultados, de calidad y de equilibrio respecto a toda la cadena de producción”, potenciando el “equilibrio en el sector primario, el sector de la transformación y el de la distribución”, tres elementos clave en la cadena productiva a los que añadió el decisivo papel que junto a ellos debe jugar “la Administración, como garante de seguimiento y la evolución, e impulsora de la evolución y sostenibilidad de este sector”.Por su parte, el presidente de Vitartis, Félix Moracho, explicó que la Ley de la Cadena Alimentaria es “una normativa muy importante, una ley revolucionaria que tiene repercusiones muy serias para regular las relaciones comerciales entre la producción, la industria y la distribución”. “Esta jornada va a ser el comienzo de sesiones más profundas que se harán en el futuro, porque entrar en ella paulatinamente, analizándola pormenorizadamente para procurar que la industria se adapte lo mejor posible al cumplimiento de la ley. Es una ley muy positiva pero costará un poquito adaptarnos. La ley se está aplicando de una manera suave y tranquila, y eso es lo que le hemos pedido a AICA, porque no puede ser de otra manera”, resumióAño y medio y un 20% de sancionesPor su parte, el director general de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero Velasco, explicó que la normativa “es una ley pionera en la UE y viene a cambiar las reglas del juego en las relaciones comerciales entre todos los que operan en la cadena de valor, desde los agricultores, la industria y la distribución”. “Establece unas nuevas reglas de cómo tienen que ser esas relaciones comerciales; hay que firmar contratos por escrito antes de que se entreguen los productos, esos contratos deben recoger un precio y además se tienen que cobrar en un plazo adecuado, establecido en 30 días para los productos frescos y 60 para el resto”, resumió.Desde que la ley entró en vigor en enero de 2014, la Agencia ha realizado 2.500 inspecciones a 600 empresas de toda España, y un 20 por ciento de esas inspecciones han supuesto abrir expedientes sancionadores por el incumplimiento de la ley, principalmente por ausencias de contratos o incumplimentos en los plazos de pago. “Hay que cumplir esta ley porque de esa manera se va a dar más seguridad jurídica a los que están compitiendo en la cadena de valor”, destacó.Según detalló, la Agencia de Información Control Alimentario ejercerá como “árbitro” que va a “vigilar que la ley se cumpla y va a sacar las tarjetas rojas cuando haya algún incumplimiento de esas reglas de juego”. Asimismo, pidió la “colaboración de todo el sector” para darles a conocer posibles infracciones que les permitan inspeccionar de oficio a las empresas que no estén haciendo los contratos o pagando en el precio adecuado. “Lo que queremos es que los agricultores y ganaderos sepan el precio que van a percibir cuando están entregando su producto”, concretó.Cuestionado por la polémica surgida en torno a la categorización de un producto como la uva, Herrero explicó que “es un producto fresco y por tanto tiene que ser pagado a los 30 días”. “El Ministerio acaba de publicar una nota interpretativa en la que se dice que con la última entrega del último kilo de uva de cada viticultor hay que pagar a los 30 días un precio base. Y en aquellas indicaciones geográficas denominaciones que haya una calificación posterior por un organismo independiente podrá realizarse un pago suplementario, añadido a ese precio base, en el momento en que se comunique si esa uva está amparada por un consejo regulador o queda fuera de la denominación de origen. Sólo en esos casos se permitiría un pago adicional que tendría que ser pagado 30 días después de esa comunicación”, aclaró.