El PSOE exige a la Junta que paralice la 'privatización' del servicio de rescate y salvamento

El Grupo Parlamentario Socialista registró en las Cortes una proposición no de ley instando a la Junta a paralizar el proceso de licitación para la contratación de un servicio de rescate y salvamento para labores de protección ciudadana y rescate en Castilla y León A través de esta iniciativa, el PSOE también pide a la Junta que formalice y desarrolle un servicio público mediante la creación de un cuerpo de bomberos o mediante la firma de convenios con las administraciones locales que disponen de bomberos profesionales.En comunicado, el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes y secretario de Política Autonómica del PSOE de Castilla y León, José Luis Aceves, consideró que el servicio de rescate y salvamento “debe ser público” y calificó de “cinismo y ventajismo político” que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibiera a los bomberos profesionales de rescate en 2010 después de su ejemplar actuación en Haití y ahora les devuelva sus palabras de apoyo, con la privatización del servicio público que prestan.Asimismo, los socialistas plantearon que la Junta desarrolle la Ley de Protección Ciudadana estableciendo de forma específica un Estatuto Autonómico del Bombero profesional y que cree una Escuela Autonómica de formación de Bomberos profesionales. “No parece lo más aconsejable que un servicio público creado para atender y auxiliar al ciudadano se preste de forma privada, ya que como es obvio, cualquier empresa buscará su rentabilidad económica para poder subsistir”, dijo Aceves.Asimismo, expuso que “el presupuesto de 316. 199 euros duplica con creces el presupuesto que maneja la Junta para compensar, formar y equipar a 30 rescatadores” y denunció que la Junta ni siquiera especifica en el pliego el personal mínima obligatorio a contratar por la empresa adjudicataria. “Solo exige un mínimo de dos rescatadores diarios, lo que significa que un presupuesto que supera los 300.000 euros, la empresa podría tener tan solo cuatro trabajadores en plantilla”, añadió Aceves, para quien también resulta preocupante que la Junta tampoco especifique la preparación o titulación que debe tener el personal que ejerza la labor de rescate.“Estamos hablamos de un servicio público que para actuar con garantías debe certificar una alta cualificación que la Junta incomprensiblemente deja al arbitrio de la empresa adjudicataria”, denunció el representante socialista. Además, explicó que estos bomberos habían superado una oposición libre, habían demostrado dominio en técnicas de rescate y salvamento y justificado una experiencia en deportes de montaña y conocimiento del medio natural de Castilla y León, superando unas exigentes pruebas de alpinismo y escalada. Por último, recordó que el personal seleccionado debía superar un periodo de formación específico para aprenderFinalmente, el socialista indicó que el propio Procurador del Común en su informe de 2014, establecía claramente que deben ser los bomberos profesionales y por lo tanto funcionarios, los encargados de dirigir y planificar las actuaciones a emprender ante una situación de riesgo y que la Comunidad viene ejerciendo las competencias que el Estatuto de Autonomía le atribuye en todas las materias que afectan a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.