Compradores de viviendas de Segovia 21 demandados por incumplir los contratos afirman que existía una cláusula para la rescisión unilateral

Los compradores de viviendas de Segovia 21 demandados justificaron hoy sus incumplimientos de contrato e impagos -por un valor total de 4,8 millones de euros- en la ausencia de un suministro legal de agua, la existencia de la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato, situaciones de insolvencia o falta de confianza en los actuales administradores de Segovia 21. Fueron algunos de los argumentos que esgrimieron en la primera sesión de un juicio en el que entre los 13 demandados figuran el exdirector general de Ontex Peninsular, Miguel Ángel González, el exconcejal del PP en Segovia, Ángel Beloqui o la exdirectora del Centro Nacional del Vidrio de La Granja, Áurea Juárez; algunos de ellos relacionados con el consejo de administración de la sociedad participada mayoritariamente por la Diputación de Segovia que fue destituido en 2012.Un total de cinco de los demandados declararon esta mañana en la vista oral. El primero en hacerlo fue el exdirector general de Ontex Peninsular, Miguel Ángel González, que fue consejero de Segovia 21 entre 2001 t 2012. A él, el actual administrador de la sociedad le acusa de haber incumplido cuatro contratos por la adquisición de otras tantas viviendas en este parque residencial situado en el término de Palazuelos de Eresma, pero en su testimonio de hoy sólo admitió haber suscrito dos.Los otros dos asegura que fueron contratos de intenciones en nombre de una sociedad extranjera que no se llegaron a formalizar. Respecto a los que sí que admitió haber suscrito, González señaló que “la base de las relaciones se sustenta en la confianza y la nueva administración no me generaba ninguna”, y por ello -según explicó- se acogió a una cláusula que figuraba en el contrato de compraventa para rescindirlo y perder el 50 por ciento de las cantidades ya entregadas.Esa misma cláusula esgrimió Raphael Benatar, el director comercial de Fomento Territorial, la empresa que gestionó Segovia 21 entre 2002 y 2012, que también declaró hoy como demandado por no otorgar tampoco la escritura de la vivienda que adquirió en la finca de Quitapesares.Sin embargo, el actual administrador único de Segovia 21, Javier de la Orden, apuntó en su turno que “el criterio de la cláusula para la rescisión unilateral del contrato no era aplicable”. Una circunstancia confirmada -según terció- por una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia que ratificó posteriormente la Audiencia Provincial respecto a otros compradores que litigaron para resolver su contrato de compraventa.Más declaraciones“Intenté llegar a un acuerdo para resolver la situación porque Segovia es una ciudad pequeña y desde los medios de comunicación se estaban vertiendo comentarios malintencionados”, relató también el exdirector general de Ontex Peninsular. Mientras, el arquitecto y exconcejal del PP Ángel Beloqui indicó que “estaba sin realizar” la división horizontal de la vivienda que él compró.Según argumentó, “compré porque entendía que era un sitio magnífico y que mi familia y yo lo podríamos utilizar como sitio de descanso y para hacer deporte”. “Pero no compré sólo la vivienda, también compré la urbanización y la casa no tiene suministro de agua potable ni depuradora de aguas residuales y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado desfavorablemente”, remachó.En este caso, el administrador de Segovia 21 defendió que las viviendas cuentan con la licencia de primera ocupación, que la urbanización está ejecutada y se realizó dentro del plazo legal, y que el ciclo del agua es legal. “El informe de la CHD no era preceptivo y como no se emitió en plazo pasó a ser favorable”, añadió De la Orden, que en cualquier caso resaltó que “el agua es cuestión del Ayuntamiento”.También declaró el exdirector general de Segovia 21, Jesús Sánchez, que alegó -para justificar el impago de la vivienda que él compró- que ha estado dos años en paro. “Era un magnífico proyecto, en un entorno formidable y con una proyección espectacular, pero lo que se encontraron dos años después de suscribir los contratos los compradores, por la crisis u otras circunstancias, no era lo mismo”, aseveró para explicar lo sucedido.Sin embargo, la actual administración de Segovia 21, que también hizo referencia durante el juicio esta mañana a modificaciones estructurales que realizaron en las viviendas algunos de los compradores que se negaron a otorgar la escritura pública, considera que todos los contratos que suscribieron deben ser cumplidos. El ingreso de los 4,8 millones de euros que les adeudan las 13 personas y sociedades demandadas permitiría a la sociedad participada mayoritariamente por la Diputación a tomar oxígeno, después de que el pasado 28 de enero se viera obligado a solicitar su entrada en concurso de acreedores.El parque residencial de Segovia 21 tenía prevista la construcción de 40 casas -las de tres dormitorios, por ejemplo, tenían un precio de unos 300.000 euros- y de momento sólo han sido ocupadas once. El juicio continuará mañana con la declaración de los testigos, entre los que figuran el máximo responsable de Fomento Territorial, Elías Benatar, y el que fuera contable de Segovia 21.