La oposición urge a la Junta a activar el Plan de Convergencia Interior

l Plan de Convergencia Interior, una herramienta recogida en el Estatuto de Autonomía para combatir los desequilibrios entre territorios, tendrá que esperar al desarrollo de la nueva ordenación de la Comunidad. Así se desprende del argumento dado por el Grupo Popular en el Pleno de las Cortes a la propuesta socialista que urge su puesta en marcha, y que fue secundada por toda la oposición.La iniciativa del PSCyL, defendida por la viceportavoz del grupo, Virginia Barcones, proponía que la Junta presentara, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, un proyecto de Plan de Convergencia Interior y la regulación del Fondo Autonómico de Compensación, con un horizonte de 2019, para aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico. Este plan debía contemplar un programa detallado de inversiones para el periodo «cuya aplicación sea proporcional a los desequilibrios económicos y demográficos que sea preciso corregir en cada terrritorio».Barcones instó a «no perder ni un minuto más» en el desarrollo de estos instrumentos de reequilibrio, dado que la Comunidad ya crece por encima del 2%, condición establecida en el Ley de Ordenación del Territorio para empezar a aplicarlos. A su juicio, el hecho de que aún no estén aprobadas las unidades básicas de ordenación de servicios del territorio (UBOST) ni las áreas funcionales estratégicas no debe servir de «coartada».Según la viceportavoz socialista, sería «injustificable» aplazar por más tiempo la aplicación de estos instrumentos de cohesión teriritorial que deben garantizar el acceso a infraestructuras y servicios públicos «en condiciones de equidad», al igual que la definición de una estrategia consensuada para promocionar la actividad económica, el empleo y la fijación de población en los territorios «con menos dinamismo demográfico».Sin embargo, para el viceportavoz popular, Juan José Sanz Vitorio es «imprescindible» aprobar antes los mapas de las UBOST, «porque permitirán ordenar los servicios públicos esenciales, pero también porque servirán de referencia para que las entidades locales puedan cumplir las obligaciones que tienen encomendadas por la ley». Después, agregó, será preciso aprobar el mapa de las áreas funcionales estratégicas. De otro modo, «sería empezar la casa por el tejado», justificó el político popular, ya que no tendría sentido repartir ayudas sin saber «el desequilibrio» que hay que combatir. Como alternativa, planteó instar a la Junta a presentar en las Cortes el proyecto de Plan de Convergencia y de Fondo de Compensación en un plazo de tres meses, pero a partir de que se apruebe la ley que configure el mapa de las UBOST.Los argumentos de Sanz Vitorio no convencieron a Barcones, quien acusó a los populares de querer avanzar «en los mapas y no en la solidaridad» y abogó por trabajar por el modelo territorial «pero sin cheques en blanco y sin chantajes».En representación de Podemos, Félix Díez apoyó la iniciativa socialista, aunque lamentó que hablara de suprimir las diputaciones, que calificó de «nidos de clientelismo» y a las que acusó de repartir el dinero «de manera arbitraria y caciquil». Enfrente situó la comarcalización como modo de afianzar la población, así como la organización de los ayuntamientos en mancomunidades «que prestan servicios de manera eficiente y eficaz».Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos, aseguró que los desequilibrios territoriales han aumentado porque «no existe voluntad» para corregirlos, «aparte de cuestiones cosméticas». «Ni siquiera son un tema de interés para esta Cámara», agregó en referencia a las numerosas ausencias de procuradores durante su intervención.Mitadiel reclamó la coordinación de las políticas en esta materia ya que, según expuso, la Junta cuenta «con un gran número de planes y programas que a veces se solapan o actúan de forma autónoma».También apoyaron la proposición socialista el procurador de IU, José Sarrión, y el leonesista Luis Mariano Santos. El primero lamentó, sin embargo, que no cuestionara el modelo territorial –al que se opone IU–, y el asegundo vio necesario «estimular cualquier incentivo que corrija los desequilibrios».