Castilla y León exigirá una financiación suficiente y revisable acorde a su perfil demográfico

Castilla y León exigirá una financiación suficiente, con una asignación para prestar los servicios que gestiona con calidad, y dinámica o revisable conforme a las circunstancias y necesidades, siempre acorde con su perfil demográfico de superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento de la Comunidad y con una evaluación diferenciada de la aplicación de la Ley de la Dependencia y del gasto sanitario.El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces de PSOE, Luis Tudanca; Podemos, Pablo Fernández; Ciudadanos, Luis Fuentes, y PP, Carlos Fernández Carriedo, sellaron hoy el acuerdo que determina la posición de Comunidad que defenderá el Ejecutivo cuando se negocio el nuevo modelo de financiación autonómica, al que también se adhieren los representantes del Grupo Mixto, José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL), ausentes en la acto por agenda.Es un acuerdo unánime, al sumarse todas las fuerzas representadas en las Cortes de Castilla y León, pero genérico, en el que se marca una ‘hoja de ruta’ que vincula a la Junta cuando se inicie la negociación del sistema de financiación autonómica. El pacto parte de cuatro principios, explicados por el presidente: insuficiencia del actual modelo, reparto injusto del déficit, harmonización fiscal y lealtad institucional.Se trata del primero de los acuerdos a los que se comprometieron el pasado mes de julio el presidente y los portavoces parlamentarios, relativos a reforma del Estatuto de Autonomía, modelo de financiación, plan de reindustrialización y modelo territorial. El grupo de trabajo, tras varias reuniones, cerró un “acuerdo de mínimos”, como adelantó Ical, que consta de 14 puntos.En este “acuerdo de mínimos” genérico, en el que no se fija ninguna cantidad, sino que se remarca la necesidad de una suficiencia e igualdad en la prestación de los servicios, que se revisará a lo largo del sistema, conforme a las circunstancias y necesidades, para que no ocurra como ahora, que la falta de evaluación, ha llevado a que todas las autonomías y partidos critiquen el actual sistema de 2009.El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recordó en ese aspecto que la Comunidad tiene un déficit de 400 millones en la financiación de sanidad, educación y servicios sociales al no recibir la asignación que le corresponde. Por su parte, el socialista Luis Tudanca cifró en 2.500 millones lo que no se ha recibido al por no revisarse el sistema, por la crisis y la menor recaudación.Principios de la reformaEl acuerdo se desarrolla en 14 puntos: la garantía de la prestación de niveles similares de los servicios públicos en todas las comunidades con independencia de su capacidad para generar ingresos propios para garantizar la suficiencia dinámica en el supuesto de que los ingresos no evolucionen de forma homogénea y un sistema resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.La potenciación del principio de suficiencia que garantice que las autonomías tendrán recursos suficientes para financiar todos los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, es decir que el sistema vincule sus recursos a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado.En cuarto lugar, se apuesta por un catálogo de servicios comunes a todas las comunidades con una dotación suficiente del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en caso de que se mantenga este instrumento. Además, en el desarrollo de los principios de suficiencia estática -inicio del modelo- y estática -su evolución en el tiempo- se tendrán en cuenta las variables de Castilla y León de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población por encarecer la prestación de los servicios, como recoge el Estatuto de Autonomía, si bien su peso se determinará por el grupo de trabajo.Como novedad, en el punto sexto, se recoge la evaluación diferencia de la aplicación de la ley de la Dependencia, en número de dependientes atendidos, grado de dependencia y dependientes potenciales con una cobertura suficiente para cumplir la norma. También se evaluará de manera especial el déficit en la financiación del gasto sanitario y su dinámica de crecimiento.Otros elementos del acuerdo son potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial, la corrección de déficit de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual y la incorporación de la cláusula tradicional de que ninguna comunidad empeora su posición por la reforma.También otorga relevancia al principio de lealtad institucional para que las decisiones del Estado no afecten a la capacidad financiera de las autonomías y la evaluación desde ese marco de medidas adoptadas por éste que puedan afectar a los ingresos y gasto de las comunidades. El establecimiento de mecanismos para que las comunidades asuman la plena responsabilidad de incrementos o disminuciones de recaudación consecuencia de su capacidad normativa.Por último, la evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y necesidades de gasto de las comunidades.