El Congreso obliga a De la Serna a elegir entre el escaño y su empresa

El Congreso considera incompatible que el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, adscrito al Grupo Mixto, compagine su escaño con su puesto como administrador único de la empresa Scardovi S.L. La sociedad formaría parte del entramado que comparte con el diplomático Gustavo de Arístegui, con quien presuntamente cobró comisiones por asesorar a empresas en el extranjero, situación que investiga la Audiencia Nacional. Ahora, si quiere mantenerse en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, deberá dejar su puesto en la compañía.La Comisión del Estatuto del Diputado, reunida ayer, tomó esta decisión después de haber comprobado que el objeto social de la empresa de Gómez de la Serna –«prestación de servicios de colaboración con entidades de crédito o de seguros mediante contratos de agencia, franquicia u otra modalidad»– entra dentro de los supuestos previstos como incompatibles en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.La incompatibilidad de Gómez de la Serna es la única certificada por esta comisión parlamentaria, que ahora deberá ser votado en el Pleno del Congreso, previsiblemente la próxima semana.Si la propuesta recibe el aval del Pleno, Gómez de la Serna contará con ocho días para elegir entre su escaño o su empresa. Si en ese plazo no renuncia expresamente a su puesto en Scardovi S.L., perderá directamente su acta, precisaron fuentes parlamentarias. En la anterior legislatura, el entonces diputado del PP sí obtuvo la autorización de la Cámara para compatibilizar su escaño con su actividad en la misma empresa.Si finalmente hay elecciones, el diputado, que concurrió de ‘número dos’ del PP por Segovia, perderá su escaño y con él su condición de aforado al no estar en la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que sobrevive en caso de disolverse las Cortes Generales el próximo 3 de mayo.Gómez de la Serna presentó, como el resto de los diputados al inicio de la legislatura, su declaración de actividades en el que debía especificar todos los cargos públicos que ostenta, sus actividades privadas y sus ingresos. El pasado 2 de marzo, la Comisión le pidió que aclarase «el tipo de relación que mantiene con la referida entidad (titularidad y/o administración), su objeto social (con aportación de sus estatutos sociales), el ámbito nacional o internacional de su actuación, el régimen de dedicación a dicha entidad (precisando si entraña obligaciones de desplazamiento dentro y fuera del territorio nacional) y la relación, en su caso, de dicha entidad con el sector público estatal, autonómico o local, así como con entes públicos o privados de otros Estados».En su contestación, fechada el 30 de marzo, el exparlamentario popular explicó que es titular al 51% de las acciones de Scardovi S.L., de la que es «administrador único». Además, aclaró que la citad empresa «no tiene relación» con el sector público estatal, autonómico o local, que su dedicación a la misma es «parcial» y que no tiene obligación de desplazamiento ni dentro ni fuera de España.Precisó que, en materia de asesoría jurídica y fiscal, el ámbito de la actividad es «nacional e internacional», «en tanto que en materia de asesoría comercial y outsourcing de empresas el ámbito es internacional». Ahora bien, puntualizó que «no tiene relación con entes públicos de otros Estados aunque sí con entidades privadas (despachos, consultores, empresas, etc)». Como prueba, aportó copia de los estatutos sociales de la empresa.