El fiscal exige una nueva sentencia con una pena de 12 años para Gago como cómplice

La Fiscalía no tiene dudas sobre la participación de la policía local Raquel Gago en el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, como cómplice, tal y como la fijó el veredicto del Jurado Popular, y no en su calidad de encubridora, según consta en la sentencia del magistrado-presidente del Tribunal de Jurado, Carlos Álvarez.El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Justicia, Ricardo González Cerrón, exige «una nueva sentencia» condenatoria como cómplice de asesinato para la policía local, amiga de Triana Martínez, con una pena de 12 años de cárcel, inhabilitación durante el tiempo de condena y la prohibición de acercarse tanto a la hija como a la pareja de Carrasco durante veinte años.Durante su intervención en la vista pública en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que vio los recursos de apelación de defensas y acusaciones en caso del crimen de la presidenta de la Diputación de León, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior entiende que existen «actos anteriores o coetáneos» de Raquel Gago y son esos los que determinan su participación activa «como cómplice, no como encubridora», en el asesinato de Carrasco.El Ministerio Público, durante la defensa de su recurso de apelación y petición de revocación de los de las defensas, insistió en la existencia de un «plan preconcebido» del que la policía local habría decidido formar parte. Algo que el fiscal corrobora con la reunión previa al crimen en casa de Triana Martínez, donde Gago dice que fue a tomar café con su amiga y la madre de ésta, la asesina confesa de Carrasco, y su «apostamiento posterior en actitud de espera» en la calle Lucas de Tuy, donde después se encontraría con Triana y le metería el bolso con el arma del crimen en su coche.«Estos dos actos refuerzan los actos delictivos de las otras dos acusadas», remarca el representante del Ministerio Público, quien ve en esa reunión en casa de Triana y en el posicionamiento de Gago en Lucas de Tuy durante más de tres cuarto de hora prácticamente, como un «cumplimiento del plan previo».El fiscal remarca que el veredicto del jurado en ningún caso recoge un delito de encubrimiento para la policía local y sí de complicidad. Un veredicto que, a decir de la Fiscalía, resultó «falseado» por la sentencia del magistrado-presidente para cambiar el delito complicidad por el de encubrimiento.Ricardo González Cerrón se aferra siempre a los «hechos probados» en el juicio y en el veredicto del jurado para exigir la nueva sentencia contra Gago como cómplice de asesinato, con el concurso de atentado contra la autoridad, y el tenencia ilícita de armas. Hechos probados sobre los que también argumenta su rechazo a los recursos de las defensas de Triana Martínez, su madre Montserrat González, la asesina confesa, y de la policía local.Entiende el fiscal, que a la vista de los hechos probados en el veredicto y en el objeto del veredicto, el recurso de la defensa alegando ese trastorno mental de la madre de Triana es «inviable». Además, acusa al abogado de madre e hija, José Ramón García, de querer ir en contra de la propia Ley de Jurado «al querer llevar el íter –itinerario– procesal hacia los psiquiatras de parte».El fiscal reprueba que la asesina confesa estuviera esposada, como dice la defensa, durante su encuentro con los médicos forenses, «pero eso no es motivo suficiente para desacreditar el valor de parte de los contenidos del informe forense». Y lo mismo le sirve para el hecho de que fueran funcionarios públicos, que la defensa quiere usar en su contra y que la Fiscalía solo ve como una argucia para tratar de convencer al jurado y ahora a la sala. «Legítimo argumento en la dialéctica propia del debate», puntualiza.Artimaña para «persuadir al jurado y a esta sala» que, en palabras del fiscal, la defensa de Triana utiliza también con la hora del crimen y ese acta notarial que califica de «juegos de espacios y tiempos para conseguir la alternativa más favorable a Triana», explica, ante las que contrapone las conclusiones del jurado y la sentencia, que califica de «plausibles».La acusación pública indica que «no son argumentos serios» el esgrimir el paso rápido del notario frente al de la asesina confesa. El fiscal llega a hablar de argumentaciones más propias del «teatro clásico español», con las que insiste solo se busca persuadir a la sala. «Lo que hace la defensa es una deconstrucción de los relatos probatorios que ha tenido en cuenta el tribunal», aclara.Lo que tampoco le sirve al fiscal es el que la defensa apele al miedo de la madre a un posible suicidio de Triana, por su situación personal, para guardarle el arma y, en cambio, sí le permita realizar búsquedas de revólveres en Internet.Sobre la policía local, deja claro que en el objeto del veredicto y en el veredicto «queda probado el conocimiento explícito de los planes delictivos por parte de Raquel Gago». Como el que tenía en su poder el arma del crimen, para la que no tenía licencia, y que además tenía su número de serie punzonado.De lo que tampoco se puede hablar, entiende el representante de la Fiscalía Superior de Castilla y León, es de «transitoriedad y fugacidad» en la posesión del arma. «¿Se puede hablar de posesión fugaz del arma cuando estuvo más de 24 horas después del crimen en posesión del arma?», se pregunta el fiscal. Recuerda que el Jurado, atendiendo a la declaración de la policía local, señala que estuvo con el arma 30 horas. Como no se puede admitir, señala, que su entrega sea comparable a una declaración.Argumentos sobre los que el fiscal sustenta su petición de revocación del recurso del defensor de Gago, Fermín Guerrero.