Las pedanías ganarán 50 millones por el ‘canon rural’ a las eléctricas
Castilla y León, la más beneficiada con que paguen por el ocupación de dominio público
A las compañías eléctricas disponer de kilómetros de cable de alta tensión sobrevolando un monte propiedad de una entidad local les sale gratis. Lo mismo sucede con la empresas gasísticas. Así ha ocurrido siempre, pero eso puede cambiar desde que el Tribunal Supremo decretara, a comienzos de este año, que esas empresas deben pagar un canon anual por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía.Y en eso Castilla y León es la «Comunidad que más se puede beneficiar», ya que «concentra mayor terreno de dominio público rural». «Son miles de kilómetros de líneas de alta y media tensión que van sobre montes públicos», explica Carlos González-Antón, abogado de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, impulsora de un «plan de acción» para no perder «esa oportunidad clave» que permitiría «a las entidades locales entrar en el siglo XXI».A falta de realizar un «cálculo fino» y con «muchas reservas», González-Antón estima que, de los 100 millones de euros que se calcula a nivel estatal que deberán abonar esas compañías, un porcentaje superior a la mitad podría corresponder a Castilla y León».Ese dinero iría a parar directamente a las arcas de las entidades locales o municipios que, a diferencia de otros tributos, podrían destinarlo a «gastos corrientes». «Es una herramienta perfecta para que lleguen recursos a esas entidades que son las grandes olvidadas», manifiesta.Y es que por cada kilómetro de línea de 400 kilovatios que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede llegar a recibir hasta 12.000 euros anuales, o 9.000 euros en el caso de un gasoducto, tal y como apunta González-Antón, para quien esto «será clave para la financiación y modernización de las entidades locales menores, y para que muchas de ellas empiecen a subsistir».Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza. Se necesita una ordenanza específica, con una tramitación concreta, y un inventario. Y ahí la «Junta debe tener un papel clave».La Federación reclama al Gobierno autonómico que «aporte financiación a las diputaciones» para que ayuden, con recursos personales y materiales, en la tramitación de estas ordenanzas y, sobre todo, que «dé seguridad jurídica a las juntas vecinales» y que apruebe un reglamento que «clarifique quiénes y cómo se van a aprobar esas ordenanzas».En segundo lugar, le reclama que «actúe de árbitro entre todas las administraciones implicadas», entidades locales, ayuntamientos, diputaciones. En ese punto, lamenta la tardanza de la Junta de Castilla y León para dar un paso al frente. «Ya debería de haber convocado a todos los actores», afirma.En tercer lugar, pide al Gobierno autonómico que llame a las eléctricas y las siente en una mesa para tratar de alcanzar «un pacto» con el que esas compañías se comprometan a «no recurrir cuantas ordenanzas municipales se vayan aprobando».
«Simplemente que cumplan la Ley», reivindica este abogado, confiado en que las primeras ordenanzas municipales puedan estar aprobadas en los próximos cuatro o seis meses. De ser así, 2017 sería el primer año en que las compañías eléctricas o gasísticas empezarían a abonar ese canon ‘rural’.La Federación tan sólo exige que las compañías cumplan «la ley que llevan incumpliendo desde hace 13 años». Y es que, según recuerda, la Ley Estatal de Haciendas Locales que ya en 2004 abría esa posibilidad, si bien las compañías «han ido recurriendo las ordenanzas de las pocas entidades que se atrevieron a aprobar sus ordenanzas», con «el silencio cómplice de las administraciones», apostilla.«Mucho se habla de despoblación, pero en Castilla y León no se ha aprovechado esta «oportunidad única». Para González-Antón, esto es un claro ejemplo de que «la realidad inframunicipal ha estado al margen de las grandes decisiones tributarias y financieras de este país». «No había votos», apostilla.Eso ha generado una «absoluta desinformación», a juicio del portavoz en esta materia de la Federación, que ha llevado a muchas entidades locales a desconocer a qué tienen derecho.
Para contrarrestarlo, la Federación leonesa ya se ha puesto a trabajar. Ha iniciado una campaña informativa a todas las entidades locales de León, mediante trípticos y distintas reuniones, a las que están invitados pedanías de otras provincias castellanas y leonesas, para acabar con «esa gran desinformación que existe».Pese a que la Diputación de León ha declarado públicamente que se posiciona «en primera fila» para asesorar a las entidades locales, Carlos González-Antón asegura que, en sus reuniones, les han reconocido que «no tiene recursos suficientes para dar asesoramiento y apoyo a esas entidades».González-Antón concluye que, además de la ventajas económicas que reportará a las juntas vecinales que tengan derecho, se logrará mejorar la rendición de cuentas de esas entidades.