Herrera pide más medios para la Inspección de Trabajo

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, solicitó hoy a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, más efectivos para la Inspección de Trabajo en Castilla y León ante la extensión y enorme dispersión de sus núcleos de población, lo que incide, dijo, en la “penosidad e intensidad” de la labor inspectora. Una solicitud de la que “tomó nota” la responsable ministerial, que visitó hoy Valladolid para firmar un convenio de cooperación con el Ejecutivo autonómico, aunque apuntó que en la Comunidad el fraude laboral “tiene menos incidencia” y se deben destinar esos recursos a los sitios donde hay más problemas y son más necesarios.Herrera y Fátima Báñez suscribieron hoy en el Colegio de la Asunción, un convenio de colaboración, para la administración única de la Inspección de Trabajo, con el reto de “mejorar la calidad del empleo y la seguridad laboral”. El encuentro de trabajo en la sede de la Presidencia de la Junta, contó con la presencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo; y la delegada del Gobierno en la Comunidad, María José Salgueiro, además de representantes de los agentes económicos y sociales de Castilla y León, entre otros.Juan Vicente Herrera resaltó que la II Estrategia de Empleo suscrita en el Diálogo Social, incluía un plan de prevención, que reflejaba la necesidad de dotar de medios materiales y humanos suficientes a la Inspección de Trabajo. Un compromiso que desde la Junta están desarrollando, a pesar de no contar con las competencias, desde septiembre de 2016, con una veintena de técnicos habilitados en seguridad y salud laboral, funcionarios que visitan empresas y centros de trabajo, como complemento a los inspectores de Estado.El presidente recordó que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone en Castilla y León de 64 inspectores y otros tantos subinspectores, así como 126 empleados con funciones administrativas. Aseveró que en 2017, se reforzará la plantilla de inspectores con otros tres efectivos, y reconoció que Castilla y León es la segunda autonomía en ratio de estos profesionales por población activa. Sin embargo, insistió en que en el reparto de nuevos efectivos “es necesario dar más importancia a criterios no poblacionales”, al igual que en la financiación autonómica, y tener en cuanta la extensión y la dispersión, dijo.Fátima Báñez subrayó que el plan de lucha contra al fraude puesto en marcha en 2012, ha permitido incorporar 500 nuevos efectivos a esta labor, pero insistió en que es precisó que se distribuyan allí donde son más necesarios, y en la Comunidad, el fraude tiene “menos incidencia”. La ministra se mostró orgullosa de los resultados del plan en España, y precisó que ha permitido aflorar 420.000 empleos sumergidos; trasformar en indefinidos 252.000 contratos temporales irregulares; y destapar casi 6.000 empresas ficticias. Así, resumió que la labor llevada a cabo ha permitido unos ahorros para el sistema de 17.700 millones de euros, y aseveró que el acuerdo suscrito hoy permitirá “intensificar el trabajo en esta materia en la Comunidad” de forma coordinada.La ministra se refirió también a la creación el lunes de la mesa de la calidad en el empleo y aclaró que incidirá en el impulso de los contratos indefinidos, la formación, la negociación colectiva, el bienestar de los trabajadores, en materia como los horarios, y sobre todo, la lucha contra el fraude. “El fraude es la peor lacra para avanzar en la recuperación”, sentenció, para repetir que su máxima prioridad es controlarlo porque además “sin contrato de trabajo no hay derechos” y los ingresos son esenciales para mantener los servicios sociales y, sobre todo, el sistema de pensiones.Líder en contratación indefinidaBáñez alabó el comportamiento del mercado laboral de Castilla y León y afirmó que “los castellanos y leoneses son los grandes protagonistas del cambio, del giro” de la situación del mercado. Al respecto, felicitó a toda la sociedad regional, porque si en 2011, se creaba paro a un ritmo del siete por ciento, ahora el desempleo está bajando en un once por ciento. En este sentido, constató que la Comunidad ha avanzado 18 puntos en frenar el paro, gracias al “esfuerzo de todos”, y desde 2011 “se han recuperado 50.000 empleos”.En este contexto, señaló que Castilla y León “está siendo un motor económico para la recuperación en España, con la creación de empleo” y expuso que en estos años se ha reducido el paro en dos millones de personas y se ha recuperado uno de cada dos empleos perdidos. Además, indicó que la contratación indefinida lleva 36 meses creciendo, el periodo más largo de la historia. Con todo, asumió que “estamos a la mitad de camino”, el “reto sigue siendo importante y tiene que ser firme y compartido”.Fátima Báñez ensalzó en este punto la cultura del Diálogo Social en Castilla y León, un proceso permanente, que, dijo, ha permitido a la Comunidad, liderar los ratios de contratación indefinida en España. “Hablar de contratación indefinida en España es hablar de Castilla y León”, dijo.Una importante laborJuan Vicente Herrera también destacó en su intervención la importancia de la labor de la Inspección de Trabajo, y explicó que desde 2012, su trabajo logró trasformar 13.500 contratos temporales irregulares e indefinidos (3.900 en 2016), y afloró 25.300 empleos sumergidos (más de 5.000 el año pasado).Precisó el presidente autonómico, que el programa para 2017, prevé 42.500 actuaciones, 17.000 de ellas de la Comunidad, 10.000 en materia de prevención, con el reto de contribuir a las seguridad; y 7.000 en relaciones laborales, para acabar con la temporalidad ilegal e impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.“Si hay una institución relevante para elevar la calidad en el empleo esa es la Inspección de Trabajo”, dijo Herrera, quien reconoció no obstante que es preocupante que en 2016, crecieran los accidentes laborales en la Comunidad (23.308), impulsados por la mayor actividad y exclusivamente en los siniestros leves.Eficacia y eficienciaEn cuanto al convenio, Herrera explicó que se dirige al mejor funcionamiento de la Inspección de Trabajo, al establecer un “marco ágil de interlocución” con el reto común de crear más empleo y de mayor calidad. Un objetivo que supone “dar continuidad”, dijo, a la dirección correcta tomada en 2016, cuando se contabilizaron 29.000 nuevos ocupados, bajó el paro en 23.400 personas; y la tasa de paro fue cuatro puntos inferior a la media nacional, con el 14,8 por ciento. Asimismo, comentó que 26.400 contratos temporales se transformaron en indefinidos, “la cifra más alta de los últimos ocho años”, con un aumento del 25 por ciento, hasta suponer cerca del 75 por ciento del total. Como contrapunto, Herrera recordó que aún hay 181.000 parados.El presidente autonómico destacó que este convenio renueva el acuerdo bilateral que existía en la materia desde 2001, y se adapta a la ley que reforma la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2015, que potenciaba la participación de las autonomías. Así, precisó que como novedades, se crea la autoridad autonómica en esta materia, que desempeñará la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se pone en marcha, dijo, la Comisión Operativa Autonómica, y se definen las reglas de funcionamiento de la acción común. “Esta comisión será un órgano de cooperación y colaboración mutua” y contará con la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.Herrera también indicó que el acuerdo suscrito hoy da cumplimiento al plan de prevención suscrito en el marco del Diálogo Social, que pedía como objetivo “prioritario”, la máxima coordinación en esta materia con el estado, para impulsar la “eficacia” y la “eficiencia”.