Herrera pide a Báñez más medios para la Inspección de trabajo por la dispersión

Que se tenga en cuenta un criterio distinto al número de habitantes para determinar la cantidad de inspectores de Trabajo por territorio. Ésta fue, a grandes rasgos, la «reivindicación, más bien reflexión» que expresó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la firma en Valladolid de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta para unificar y coordinar la actuación de la Inspección de Trabajo.El presidente autonómico defendió primar la dispersión territorial a las cifras de población y solicitó a la ministra más efectivos para la Inspección de Trabajo en la Comunidad, petición de la que Báñez aseguró haber «tomado nota», aunque argumentó que la «menor incidencia» de fraudes laborales en Castilla y León es la principal causa de que se destinen más medios a «lugares donde es más necesario».Herrera recordó que la Comunidad cuenta 64 inspectores, otros 64 subinspectores y 126 funcionarios que realizan labores administrativas, una plantilla que se reforzará este año con la incorporación de otros tres inspectores más. Sin embargo y, a pesar del «esfuerzo» realizado desde el Ministerio, el presidente autonómico abogó por incluir criterios distintos a los poblacionales a la hora de repartir personal. En esta línea, el dirigente castellano y leonés apuntó también a la necesidad de establecer criterios de dispersión, extensión y envejecimiento para el nuevo modelo de financiación autonómica.Herrera explicó que las competencias de las que se ocupa la Inspección se encuentran repartidas entre la Administración estatal, a la que le corresponden los ámbitos de Seguridad Social y de economía irregular, y la Comunidad, que se ocupa de las relaciones laborales y la prevención de riesgos, por lo que resaltó que el convenio firmado establece un «marco ágil de interlocución».

El presidente autonómico destacó que, con el nuevo convenio, la Junta cumple los compromisos que adquirió en enero de 2016, cuando suscribió, con representantes de la patronal y de los sindicatos, la II Estrategia Integrada de Empleo, vigente hasta 2020 y que incluía un plan de prevención con requisitos reflejados en el documento firmado ayer.Como novedades, se crea la Comisión Operativa Autonómica, un «órgano de cooperación y colaboración mutua», según lo definió Herrera, que se constituirá en Castilla y León e informará al Organismo Estatal de Inspección de Trabajo ySeguridad Social, donde estarán representadas todas las comunidades autónomas y la Administración estatal.Como consecuencia de la acción inspectora, en Castilla y León, desde el año 2012, se han transformado en indefinidos 13.500 contratos temporales –de ellos, casi 3.900 en 2016–. También desde ese año han aflorado más de 25.300 empleos sumergidos, de los que más de 5.000 se descubrieron en 2016. Además, el Programa de actuaciones de la Inspección para 2017 cuenta con 42.428 actuaciones previstas de las que 16.911 son competencia de la Junta de Castilla y León. En concreto, se incrementa en un 19,9% las inspecciones de contratos laborales, un 7% las que corresponden a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un 3,5% las que verificarán las condiciones de trabajo.