El Correo de Burgos

Positivos y contactos pillados fuera de casa: 835 denuncias, cero multas

La Junta ha abierto 28 expedientes pero ninguna sanción por incumplir la cuarentena | El Ayuntamiento de Salamanca, el más activo, pilla fuera de casa a uno de cada diez positivos  

Un agente de Policía Local da el alto a un conductor en un control. RAÚL G. OCHOA

Un agente de Policía Local da el alto a un conductor en un control. RAÚL G. OCHOA

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ESTHER NEILA | VALLADOLID
Burgos

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Saltarse el aislamiento (impuesto a los casos positivos) o la cuarentena  (para los contactos estrechos) puede acarrear multas de miles de euros. Y decimos ‘puede’ porque según los datos facilitados por la Junta ningún castellano y leonés ha tenido de apoquinar ni un céntimo. Y no será porque no hayan sido cazados unos cuantos fuera de casa. Las autoridades han pillado a 835 personas incumpliendo el confinamiento domiciliario encomendado por el médico, ya sean contagiados confirmados o contactos del entorno que deben quedarse en casa de manera preventiva durante al menos diez días. A pesar de todas esas denuncias, la Junta sólo ha iniciado 28 expedientes sancionadores. Y ninguno de ellos ha desembocado aún en multa económica, según los datos recabados por la Consejería de Sanidad, a fecha 21 de octubre, entre las nueve delegaciones territoriales de la Junta, y facilitados a través de una solicitud de información pública.  La provincia más activa a la hora de formular denuncias es Salamanca, que acapara la inmensa mayoría, con 774. A un abismo se sitúan Zamora (19), Soria (18), León (13), Burgos (5), Valladolid (4) y Segovia (2). Ni Ávila ni Palencia registran denuncias por incumplir aislamientos o cuarentenas. Por tipo de infracción, el mayor número se acumula por incumplir el aislamiento: 765 positivos –y contagiadores potenciales– fueron señalados fuera de su domicilio. Las 70 denuncias restantes fueron formuladas contra contactos estrechos que no debían salir de casa hasta pasar la cuarentena (catorce días al inicio de la pandemia, luego rebajados a diez en los protocolos sanitarios).Los datos revelan una muy desigual vigilancia ente unas provincias y otras. Salamanca es la más activa en la búsqueda de infractores, principalmente por el intenso control de la policía local de la capital charra, que es el único municipio de esta provincia de donde proceden las denuncias de ámbito municipal, según explican desde la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de esta provincia también son los escribieron más ‘recetas’. La Junta rubricó una alianza con la Delegación del Gobierno de Castilla y León el 21 de septiembre para la colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil en el control de las cuarentenas y aislamientos por orden sanitaria. También en los últimos meses, la Administración autonómica ha formalizado con varios ayuntamientos convenios de colaboración para vigilar el incumplimiento de las medidas de contención sanitarias, principalmente el uso de mascarillas pero también para velar por el confinamiento domiciliarios de contagiados y contactos estrechos. En virtud de esos convenios, las autoridades sanitarias comparten información con otras administraciones en ambas direcciones para colaborar en la búsqueda de infractores así como para apercibirles de las consecuencias, lo que conlleva una función ‘pedagógica’ para aquellos que cumplen las normas sólo cuando perciben una amenaza sobre sus bolsillos. La Policía Local de Salamanca se ha entregado a la vigilancia de los casos y contactos, en especial desde la firma el 20 de septiembre del convenio suscrito entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital charra. Desde entonces, los agentes locales acuden cada día a los domicilios de todas aquellas personas diagnosticas con una prueba positiva en la ciudad. En los dos primeros meses (del 20 de septiembre al 19 de noviembre) visitaron 3.419 viviendas. Y el porcentaje de incumplidores que arroja su estadística es preocupantecasi uno de cada diez. En concreto, 338 contagiadores no se encontraban en casa, el 9,9% de los visitados. Fuentes del consistorio salmantino explican que la mayor proporción de denuncias se formuló durante las primeras semanas de entrada en vigor del convenio. Como si se hubiese corrido la voz de la vigilancia policial contribuyendo a que los ciudadanos se tomasen en serio las medidas. Desde Valladolid, el concejal de Seguridad y Salud Pública, Alberto Palomino, explica que cada día reciben dos listados, uno muy amplio de la subdelegación del Gobierno y otro,  más reducido, «filtrado por Sacyl», con los nombres y direcciones de aquellas personas sobre las que planea la sospecha de un incumplimiento. La Policía Local de la capital visita a los casos sospechosos de este segundo listado, que rondan los 20 o 25 casos cada día, y también algunos domicilios de otros pacientes  de forma aleatoria. Los agentes acuden a las viviendas y certifican si la persona se encuentra en su domicilio. De no ser así, lo comunican a la Junta, que es la competente para abrir un expediente. Según el concejal, los agentes de Valladolid no formulan denuncias por estos supuestos, ya que es algo que «corresponde a las autoridades sanitarias». La Junta es la administración que debe iniciar el expediente sancionador para el incumplimiento de los confinamientos domiciliarios cuando recibe las denuncias formuladas desde otras administraciones, sin que por el momento ninguno haya desembocado en una sanción en la práctica. Las infracciones contra las medidas de contención sanitaria ya estaban tipificadas en las leyes nacional y autonómica. La Junta unificó todos los supuestos en un decreto-ley del 23 de julio con la aprobación de un régimen sancionador específico para afrontar la crisis sanitaria. En concreto, corresponden las mismas sanciones que las ya previstas en las leyes sanitarias castellanas y leonesas: multas de entre 100 y 3.000 euros para las sanciones leves; de 3.001 y 60.000 euros para las graves; y de 60.001 y 600.000 euros para las muy graves.  La Junta consideró que el incumplimiento de los supuestos para la prevención de la propagación de la enfermedad debe contar «con el correspondiente régimen sancionador, ya existente y regulado de forma completa pero disperso en distintos textos legales, lo que dificulta su conocimiento ciudadano». En concreto, considera infracción grave ‘el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario decretado en personas que hayan dado positivo en COVID-19, que será muy grave cuando ese incumplimiento sea ‘acreditado y reiterado’ y produzca ‘riesgo o daño muy grave para la salud pública’. En cuanto a los contactos estrechos, se considera leve el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada en personas que no hayan dado positivo pero que hayan sido reportados por su cercanía con un enfermo confirmado.Otro de los supuestos contemplados contra la normativa de salud pública es la obligación de los ciudadanos a facilitar información a las autoridades sanitarias. En concreto, ‘la resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las autoridades, inspectores o agentes, así como el suministro de información inexacta en comprobaciones e inspecciones relacionadas con la covid-19».  En el contexto de esta pandemia, por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con coronavirus tiene la obligación de reportar aquellos contactos con los que ha mantenido cercanía los días previos. Por negarse a dar información a las autoridades han sido denunciadas siete personas en Castilla y León, seis de ellos denunciados por la propia Junta, cuya Consejería de Sanidad asume el rastreo y seguimiento de los contagios. La denuncia restante corresponde a una formulada por la Administración del Estado. 

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