El caso Mediador se extiende a la Guardia Civil en Castilla y León
El juzgado número 2 de Ávila inició diligencias por obras en cuarteles "hinchadas" y "pagadas sin ejecutar"
CASO MEDIADOR. Navarro Tacoronte, Francisco Espinosa Navas, general de División de la Guardia Civil,Foto extráida del sumario de Caso Mediador. Tito Bernie. fotos del sumario.Trama Mediador. ex diputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, quien usaba el Congreso para recibir los sobornos GEMA PEÑALOSA
El polémico caso 'Mediador' de corrupción que salpica a varios diputados del PSOE y otros cargos importante de diferentes ámbitos por participar en las cenas organizadas por Juan Bernardo Fuentes, 'Tito Berni', en restaurantes de lujo y que se vinculan con el consumo de cocaína y la presencia de prostitutas, ha irrumpido en Castilla y León para, en este caso, señalar directamente a la Guardia Civil.
Antes de que la trama llegara a los tribunales madrileños que ahora la investigan, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos. El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario canario responsable de las empresas Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L. y a un colaborador de este último.
Tras estudiar el asunto, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.
Según la declaración del teniente coronel, la contratación de las empresas canarias "vino determinada" por el teniente coronel que estaba entonces al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, son sede en Madrid, lo que "inició una nueva investigación que reveló que en 13 comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo) las empresas canarias "habrían llevado a cabo" trabajos "incrementando la facturación e ingresos", informa Europa Press.
Por tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.
Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el Juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila solicitando el archivo de la causa. El Juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque, en definitiva, la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid.
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid, en concreto, por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.