Un juez de Ávila acusa a Concepción de decirle que pida la baja para «sacar sentencias»

El magistrado Tomás Sánchez, titular del juzgado número 4 de Ávila, ha acusado este lunes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), José Luis Concepción, de proponerle cogerse la baja laboral para agilizar el trabajo. Lo ha hecho a través de su cuenta de la red social Twitter, en un larguísimo hilo con gran profusión de detalles en el que desgrana el déficit de medios y realidades escandalosas de la práctica judicial como la firma de informes de cuentas sin haber sido revisados a causa de «la carga de trabajo al 100%». También otras realidades incómodas como «la gran hipocresía de la sociedad mostrada en la lucha contra la violencia de género».

Sánchez comienza su relato asegurando que en conversación telefónica, tras informar a Concepción del problema de sobrecarga del Juzgado 4 de Ávila, el presidente del TSJ le propuso: «¿Y por qué no te pides una baja médica, y aprovechas para sacar sentencias?».

En una conversación telefónica, tras informarle del problema de sobrecarga del Juzgado 4 de Ávila, el Presidente del TSJ de Castilla y León don José Luis Concepción me dijo: “¿y por qué no te pides una baja médica, y aprovechas para sacar sentencias?” (1/n)

— Tomás Sánchez Puente (@tsanchez80)

March 6, 2023

A partir de esa primera premisa, el magistrado desgrana un buen número de denuncias y reflexiones: «Los Jueces, estos sacrosantos defensores de la Ley, somos los primeros en saltárnosla al no cumplir algunas de las funciones encomendadas… porque no damos abasto, con nuestras productividades del 150, 200, 250% no damos abasto, así de sencillo y así de claro», declara sin tapujos.

A través de una larga sucesión de mensajes con más de 42 tuits, Sánchez relata su historia personal y sus motivos por los que decide publicar esta información. «Sí señores, los Magistrados y Jueces recurrimos al fraude de la Ley laboral para sortear un problema que por pereza colectiva no queremos afrontar, el de la sobrecarga de Juzgados y Tribunales, desconocido por la sociedad española», subraya.

Cuenta además que existe la posibilidad de que el presidente del TSJ pueda dirigir una querella contra él por injurias, «con probabilidades de ganarla» pero declara que «Él y yo sabemos que fue así».

Y es que, según detalla, tiene casi cincuenta sentencias civiles con más de un año de retraso y otras cuarenta con menos de un año. «Las ejecuciones hipotecarias empantanadas. Y algunos procesos de violencia de género con retrasos preocupantes». Explica también que tiene problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, afectantes a toda la Carrera Judicial. «Dos años posponiendo la decisión de compra de una casa, dos años retrasando revisiones dentales, dos años con Vodafone cobrándome de más en el contrato de internet por no tener tiempo ni energía para ir a protestar y revisar el contrato…», expone. Un compañero suyo que se vio en una situación similar, explica, «se vio obligado a posponer la búsqueda de hijos con su pareja, en espera de periodos laborales más favorables, que yo no sé cuándo vendrán», indica.

La situación es conocida por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia pero ellos «confían en que tú solo solventes un problema que es de su competencia». Pero tras tanto esfuerzo, «empiezas a ver que el Juzgado no es tu vida y empiezas a espaciar juicios… y la agenda avanza: septiembre, octubre, noviembre del 23… En algunos Juzgados las agendas se van a 2025 y 2026 con productividades del 200%, y el Ministerio y el CGPJ no hacen nada».

Como ejemplo, cuenta su situación en otro destino. «Con una carga de trabajo de un 100% aproximadamente, hacía por revisar cada cuenta anual de los incapacitados, con esporádicos controles de su situación personal y social, para evitar gestiones negligentes o desleales por los tutores. En el Juzgado 4 de Ávila es imposible, el funcionario me pasa un Auto de aprobación de cuentas a partir de un modelo y lo firmo digitalmente sin ver su contenido ni comprobar si ha habido informe del Ministerio Fiscal. Me fío y lo firmo, ya está…», revela.

Y ahora, es peor. «Con la tan bienintencionada como desastrosa nueva Ley 8/21 de Apoyo a las Personas con Discapacidad, por la falta de conocimiento de la realidad judicial múltiples procesos cada 3 años para confirmar que la persona con demencia o alzheimer sigue con demencia o alzheimer (que son la inmensa mayoría de los supuestos judicializados), mientras que los controles de cuentas serán un coladero por falta de medios», relata. Continúa exponiendo que «si, por la causa que sea, alguien es internado en un psiquiátrico contra su voluntad, la Ley exige que el médico forense y el Juez exploren al interno», pero no siempre sucede así. El Juez no va por la falta de tiempo.

También habla en su hilo sobre la violencia de género. «Voy a resaltar la gran hipocresía de la sociedad mostrada en la lucha contra la violencia de género (en que tengo competencia). No hay juzgados exclusivos suficientes, y por tanto el tiempo dedicado en los Juzgados a cada asunto es ínfimo», cuenta. Menciona el caso de la Comunidad de Madrid; donde en 2021 «hubo 24.982 nuevas mujeres víctimas para un total de 24 Juzgados con competencia exclusiva en Viogen más otros 8 Juzgados sin competencia exclusiva que contaremos como 4 exclusivos, 24+4=28. Dividiendo sale un total de 892 mujeres víctimas por Juzgado al año. Calculemos una amplia dedicación del Juez en cuestión: 225 días hábiles al año, 9 horas diarias de rendimiento neto, sin días de asuntos propios ni días de cursos de formación etc., en total 2050 horas». Y añade, «dividimos, aplicamos sistema sexagesimal, y sale una media de 2 h 16 min que cada Juez dedica por víctima». Ese tiempo comprende la declaración de la mujer y del investigado, en su caso, exploración de los hijos menores, conversaciones telefónicas con la policía judicial, entre otras.

En cuanto a eso, expresa: «Con este tiempo disponible, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad dicen que se proveen medios para luchar con la violencia de género… es de chiste».

En su tweet número 28, cuenta que «como buen juez facha liberaloide, estoy preocupado por la evolución del déficit público y de la deuda en España desde hace 15 años (o esto cambia, o acabamos como Grecia). Sé lo que cuesta y lo que importa cada euro de los ingresos públicos y sé que la Justicia concurre con otros servicios públicos esenciales en el reparto de esos fondos; todos nos acordamos de la Sanidad, de la Educación… (¡y de los Servicios de Bomberos cuando hay incendios!), pero también hay que pensar en la Justicia». Señala que la mayoría de ciudadanos no tendrá que pisar un Juzgado en su vida  pero es importante garantizar que el día en que sus derechos e intereses estén en juego.

«El Juez Castro, la Jueza Alaya, el Juez García-Castellón, el Juez Ruz… son nombres con una buena fama ganada por la instrucción de conocidos casos de corrupción. Esa actuación no surge en el vacío, sino que requiere de medios materiales y humanos para llevarla a cabo», recoge. Según los datos del informe del CEPEJ de 2022, «por cada 100.000 habitantes, en España hay 11,2 Jueces y 5,3 Fiscales, mientras que la media europea está en 17,6 y 11,1 respectivamente».

Para terminar, Sánchez Puente revela el motivo del hilo. «Los órganos gubernativos y el Servicio de Inspección son necesarios para el funcionamiento de Juzgados y Tribunales; el problema radica en que, por no dotarse de medios suficientes, hacen recaer sobre los Juzgados gran parte de su labor. Así, toca presentar escritos, informes y estadísticas al Decano, a Sala de Gobierno, a Inspección, a la Comisión Permanente… todos elaborados por el Juez, el LAJ y los funcionarios, detrayéndoles tiempo que debía dedicarse a la tramitación y resolución de asuntos cuando podían evitarse con muestreos estadísticos y/o consultas de procedimientos concretos, recabadas electrónicamente desde la sede del CGPJ. Y al final para qué, pues en el 99% de las veces los órganos gubernativos no decidan nada». Revela que ha perdido la cuenta de las horas gastadas «en cuestiones gubernativas no relacionadas con la función jurisdiccional, que ni siquiera computan para la estadística de productividad».

Tras realizar múltiples escritos informando de la grave situación del Juzgado, haber asumido la «sugerencia» del Presidente del TSJ de que decida cogerse una baja «médica» para sacar sentencias y «haber llamado al Presidente de mi Audiencia Provincial» para convenir el nombramiento de sustituto para el Juzgado, «el CGPJ anuncia el viernes una próxima inspección extraordinaria, que supone que la LAJ y los funcionarios de mi Juzgado hayan de elaborar un alarde sin mi participación», revela.

Y añade, «¿Otra vez? ¿Otra vez haciendo gastar más tiempo a los profesionales? ¿Va a servir esta vez para poder nombrar el noveno funcionario, o será como siempre que el CGPJ 'informa favorablemente' y luego el Ministerio de Justicia no lo nombra? ¿O se trata de ver si se deciden a sancionarme o no? ¡¡Señores del Consejo, sanciónenme con la sanción que crean más justa que no la recurriré, pero dejen a la LAJ y a los funcionarios de mi Juzgado _que son magníficos, ella y ellos_ trabajar en paz!!», concluye.