Castilla y León y las comunidades del PP abandonan la reunión con Hacienda sobre la quita de la deuda

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebraba hoy en el Ministerio de Hacienda bajo la presidencia de la titular del Departamento, María Jesús Montero, apenas duró 30 minutos. Los representantes de la Junta de Castilla y León, así como de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidieron levantarse de la mesa.

Gobierno y comunidades autónomas, por tanto, no entraron a debatir los detalles de la medida de Hacienda que propuso este lunes condonar de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, pasarán a ser asumidos por la Administración General del Estado (AGE). De esta cantidad, a Castilla y León le corresponderían 3.643 millones de euros.

A la entrada, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, estimó que la “mal llamada condonación” de la deuda autonómica supondrá que cada ciudadano de Castilla y León “asumirá 523 euros más de deuda que antes de este acuerdo”. “No se nos ha escuchado y no se ha dialogado”, remarcó el dirigente de la Junta de Castilla y León que apuntó que esta condonación de la deuda “simplemente es el pago del precio político para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa”, apostilló.

Carriedo lamentó que no ha habido “ninguna voluntad de la ministra de Hacienda de dar participación a las autonomías, hacer una negociación multilateral y que vayamos todos en condiciones de igualdad. Visiblemente “decepcionado”, como así lo manifestó, Carriedo indicó que el Gobierno central quería “imponer” al resto de las comunidades “un acuerdo entre Moncloa y Esquerra Republicana”. “Nosotros en eso no podemos participar, porque no se nos ha dado la oportunidad de ser escuchados, no ha habido una relación multilateral y no estamos todos en condiciones de igualdad”, insistió el consejero, que consideró que “no se puede utilizar a las comunidades autónomas ni al Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar a entender que ha habido un trámite de participación y de escucha cuando no lo ha habido en todo el procedimiento”. Como ya apuntase a su entrada a la reunión, Castilla y León considera que “lo que es de todos tiene que decidirse entre todos”, algo que no ha ocurrido en esta ocasión, ya que ha sido un acuerdo solo entre el Gobierno y los partidos separatistas, informa Ical.

En este sentido, Carriedo relató que la sensación de los consejeros que finalmente abandonaron la reunión ha sido de “impotencia” porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó a la cita “un modelo cerrado”. Aunque las autonomías acudieron al Consejo sabiendo que al Gobierno le sirve con su voto y el de una única comunidad autónoma para aprobar cualquier acuerdo, esperaban al menos “ser escuchadas”.

“El Gobierno ha decidido simplemente que hay unos partidos separatistas que son los que establecen la hoja de ruta del Ejecutivo y nosotros no estamos dispuestos a que se utilice a las comunidades autónomas”, apuntó Carriedo, antes de insistir en que “la gente de Castilla y León merece ser escuchada”. “No somos españoles de segunda, no somos ciudadanos a los que se llame después de que la decisión se ha tomado para contarle qué es lo que se ha decidido en otra mesa, en otro sitio. Nosotros queremos multilateralidad, queremos igualdad y queremos participar como los demás desde el primer momento”, enfatizó. “Sentimos mucha impotencia al ver que el Gobierno de España toma decisiones sin contar con las comunidades autónomas, se pliega a los intereses de los separatistas y luego se lo quiere aplicar al resto de los españoles”, aseveró.

En cuanto a la condonación de la deuda autonómica, que era el tema estrella de la reunión, Carriedo evitó confirmar la postura de Castilla y León ya que “no se sabe ni en qué va a consistir todavía porque no nos lo ha querido contar el Gobierno”. “Parece que tiene que elaborarse una ley orgánica, que está sin redactar, y no sabemos si va a tener apoyos suficientes para poderse aprobar”, relató el consejero antes de recordar que Castilla y León “no tiene un problema de deuda”. “Nosotros, los ciudadanos de Castilla y León, estamos acostumbrados a pagar nuestras deudas”, subrayó. En este sentido, indicó que quizá los separatistas sí tengan un problema de endeudamiento “porque se endeudaron en un proceso de llevar a cabo la construcción de embajadas y de hacer un referéndum ilegal” y, por eso, ahora quieren que ese gasto en el que incurrieron “lo paguemos todos los españoles”. Un extremo al que Castilla y León “no está dispuesta, ya que nuestro problema no es de endeudamiento”.

“Nuestro problema es de garantizar la financiación de los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos y que lo hacemos con un modelo que ya ha quedado muy antiguo, porque desde que se aprobó hemos tenido una crisis financiera, una crisis sanitaria con un impacto muy importante en el coste de estos servicios públicos y una crisis de inflación que no ha sido analizado en el modelo”, desarrolló Carriedo, poniendo el foco sobre la petición clave de las autonomías del PP: el nuevo modelo de financiación.

“Nosotros hemos insistido una y otra vez que lo que queríamos en este Consejo era un acuerdo sobre la financiación autonómica y no es que lo hayamos insistido hoy, lo hemos insistido muchas veces y en mucho tiempo”, señaló el consejero que recordó que tanto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera como en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander fueron las comunidades las que obligaron al Gobierno central a incluir este punto en los órdenes del día. Sin embargo, según explicó el dirigente de la Junta, en la ‘hoja de ruta’ de la reunión “no había ningún punto de financiación autonómica, y lo que había era simplemente un acuerdo sobre algo que no es la financiación autonómica, que no sustituye la financiación autonómica, que no es lo que queremos las comunidades autónomas y que sí que es lo que quieren los partidos separatistas que es un modelo de la mal llamada condonación de la deuda”. “Queremos un nuevo modelo, lo cual no quita que en el contexto del modelo hablemos de reestructurar, que no de condonar la deuda, de ver cómo vemos plazos más largos para las comunidades con más problemas o de cómo vemos los tipos de interés y cómo encajarlos, pero no condonar deuda para aquellos que se han endeudado”, aseveró.

Cuestionado sobre las razones del Gobierno central para no renovar este modelo de financiación, Carriedo aseguró que Moncloa “se debe a los partidos separatistas” y esas formaciones quieren “la exclusión” de sus regiones “de la Agencia Tributaria Española y del modelo común de financiación de las comunidades autónomas”. Una ‘hoja de ruta’ que no cuenta con el beneplácito de la mayoría de la regiones que “vamos a defender el interés general de España”.

“Lo que se está hablando en otras mesas, en otros sitios, incluso fuera de España, no es el interés general de España, es el interés de los partidos separatistas”. “El modelo está caducado desde el año 2014, hace 11 años que caducó, que terminó su vigencia y no se ha negociado un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y pedimos que se negocie. Es algo muy sencillo y es algo muy fácil de entender, que es que queremos ser escuchadas”, concluyó el consejero.