El Consejo de Cuentas auditará en su plan de trabajo de 2026 las políticas de vivienda de los municipios y la receta electrónica

Con los votos favor del PP y del Grupo UPL-Soria Ya y la abstención de PSOE y Vox, la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes aprobó esta tarde el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020 por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que incluye 18 nuevos trabajos, con 17 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones.

Según explicó el presidente del Consejo, Mario Amilivia durante su presentación, entre los nuevos trabajos se contempla una fiscalización especial mediante la que se analizará el ejercicio de la política de vivienda por parte de las entidades locales, con un enfoque evaluador sobre la planificación y comprobando las medidas adoptadas.

Además, al tratarse de un año con elecciones autonómicas, se incluye también el examen de la contabilidad electoral. Otra novedad de fiscalización para 2026 es la referida a la evaluación de las campañas exigida por la Ley Publicidad Institucional de Castilla y León. En este sentido, Amilivia recordó a tal efecto que la reforma de la ley de publicidad institucional establece en su artículo 13 que se realizará un informe de evaluación de cada una de las campañas de publicidad institucional elaborado por el Consejo de Cuentas, que tenga en cuenta el análisis previo al lanzamiento de la campaña, los resultados, el impacto de la campaña en la audiencia y en la propia organización.

No obstante, apuntó que dado que la Junta contemplaba para el presente ejercicio más de un centenar de campañas, resultaría imposible para el Consejo de Cuentas, con sus medios materiales y humanos, acometer todos los informes. Por este motivo, explicó que el Pleno del Consejo llegó a la conclusión de plantear dos trabajos.

Por otra parte, en cuanto a las fiscalizaciones especiales, el Plan anota cuatro informes del sector público autonómico y seis del sector público local. En el ámbito de la Comunidad, el primero es el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2025, separado del de Cuenta General. Esta auditoría incluirá un análisis de la evolución de la deuda pública de la Administración de la Comunidad y su impacto en la Cuenta General rendida, comparando sus datos con otras comunidades autónomas y verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

En materia educativa, se recoge la auditoría sobre los sistemas de información para la gestión de los gastos de personal en las universidades públicas de Castilla y León, mientras que en el ámbito sanitario, la fiscalización de la gestión de la receta electrónica se enmarca en el especial seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario. En este sentido, Amivilia recordó que en 2023 los gastos farmacéuticos ascendieron a 785 millones de euros.

El cuarto informe especial de este ámbito es la fiscalización financiera y de cumplimiento de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, participada al cien por cien por la Comunidad y considerada medio propio de la Administración autonómica.

También se fiscalizarán las actividades y servicios prestados por los municipios menores de 500 habitantes y por las entidades locales menores de Castilla y León y se anotan también auditorías específicas a tres ayuntamientos: un análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), y fiscalizaciones a determinadas áreas de los ayuntamientos de Laguna de Duero (Valladolid) y Trabanca (Salamanca), municipio que nunca ha rendido su cuenta general en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. Además, según apuntó Amilivia, es uno de los municipios menores de 500 habitantes más endeudados de Castilla y León (con 434.000 euros) según los datos del Ministerio de Hacienda. El ayuntamiento tampoco remite información a Hacienda de sus presupuestos ni liquidaciones, por lo que desde hace años se le retienen las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado.

Condonación de la deuda

Por su parte, desde el Grupo Socialista, Rosa María Rubio, que aprovechó su intervención para despedirse emocionada de los miembros de la Comisión de Economía, lamentó que el Consejo de Cuentas lleve tres años en funciones, a la vez que pidió en la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad se analicen decisiones que “perjudican tanto a la Comunidad” como el rechazo a la condonación de la deuda planteada por el Gobierno.

Además, también se refirió a la Ley de Publicidad Institucional y a los “abusos” que ha venido cometido la Junta y reclamó la necesidad de auditar a empresas públicas como Somacyl.

Mientras tanto, desde Vox la procuradora Susana Suárez rechazó que sean necesario realizar fiscalizaciones de decisiones “ideológicas” como pueden ser las zonas de bajas emisiones y solicitó una auditoria del gasto que todas las consejerías destinan a la emigración y recalcó que es necesario saber “cuánto nos cuesta en Castilla y León la inmigración ilegal”.

Por su parte, el popular José Alberto Castro explicó que la no renovación de los miembros del Consejo de Cuentas es una cuestión de responsabilidad de todos los grupos políticos que no han sido capaces de logra un consenso, y puso en valor que la importante labor que viene realizando la institución cada vez es mejor valorada desde un punto de vista constructivo.

Por último, desde UPL-Soria Ya, José Ramón García respaldó el trabajo del Tribunal de Cuentas y aseguró que su trabajo es una “garantía democrática que ayuda a confiar en lo público”. Además, reclamó a la Junta y a los ayuntamientos que no vean en su trabajo una “amenaza” y sí una oportunidad de mejorar la gestión.