Los docentes de las escuelas infantiles exigen en la calle mejoras en sus condiciones laborales

Los docentes de las escuelas infantiles exigieron en la calle la mejora de las condiciones laborales del sector, cuyo salario roza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en una protesta convocada por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) y la Plataforma 0-3 años de Castilla y León, y que en la Comunidad tuvo un seguimiento del 19 por ciento, según la Junta, que se eleva al 75 por ciento en la media nacional.

Bajo el lema ‘El 0-3 en lucha’ exigieron soluciones a las condiciones laborales “precarias” de las más de 4.500 personas que trabajan en el sector en Castilla y León, el 97 por ciento de ellas, mujeres, y que atienden a 20.000 menores escolarizados en esa franja de edad de los aproximadamente 40.000 de hasta 3 años que hay en la Comunidad En España la cifra asciende a 61.000 trabajadores, que dan atención a los aproximadamente a medio millón de menores matriculados.

El sector estaba convocado a una huelga para este 7 de mayo a nivel estatal para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), tanto en centros de carácter privado como público, el cual ha sido respaldado en todas las provincias con casi un 40 por ciento en Burgos, la que ha registrado la tasa más alta.

Ya por la tarde se han celebrado diversas movilizaciones en numerosas capitales de provincia. Según CCOO, “la valoración global es que, teniendo en cuenta los servicios mínimos abusivos, la mayoría de las trabajadoras llamadas a la huelga la han secundado".

La protesta busca mejorar las condiciones laborales del sector, cuyo salario roza el SMI y afecta especialmente a las mujeres, pues son mayoría en esos puestos. También pretende poner el valor de esta etapa en la formación de los niños y la necesidad de recursos para que la oferta tenga calidad. A estas acciones hay que sumar la convocatoria de una gran manifestación en Madrid el próximo 23 de mayo ante el Ministerio de Educación.

En la Comunidad, CCOO denunció que “se ha encontrado con multitud de ayuntamientos y empresas que han tratado de impedir el derecho fundamental a la huelga, fijando unos servicios mínimos sin competencias legales para poder hacerlo”. En muchas de estas poblaciones, el sindicato constata “como la empatía y la voluntad de mejora del sector es mucho mayor en las familias, apoyando la huelga y no llevando a los menores a los centros, que en las empresas y ayuntamientos encargadas de gestionar esta etapa educativa”.

CCOO denunció la “tormenta perfecta” que “está asfixiando este ciclo educativo, por una fragmentación administrativa, salarios de pobreza y ratios insostenibles”. Un sistema que “perpetúa la precariedad laboral, con reivindicaciones urgentes que permanecen bloqueadas por la Administración como son unas ratios obsoletas, que llevan sin tocarse desde el año 2008, que fijan en un máximo de ocho menores de 0 a 1 años, de 13 en los casos de 1 a 2 y en unidades mixtas, y en 20 en el tramo de 2 a 3”. Estas ratios “están muy lejos de ser próximas” a las recomendaciones de la Unión Europea, que las establece en cuatro menores de 0 a 1 años, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 años-.

Otras de las reivindicaciones que se han evidenciado en esta jornada de huelga es el “incumplimiento” que la Junta hace de su propia normativa, donde establece que las unidades mixtas “sólo pueden darse bajo determinadas condiciones en centros que se consideren incompletos y, por lo tanto, no cuenten con al menos una unidad en cada etapa educativa”.

“Permitir que en un aula pueda haber ocho menores de 0 a 1 años junto con otros cinco de 1 a 2 desvirtúa el objetivo de estas unidades y se autorizan con el único fin de concentrar a los niños ahorrando costes y empeorando la atención”, explicó el responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación, Iván Pastrián Palacios. En esta línea de abaratamiento de los costes también se ha denunciado que una técnico de educación infantil de una escuela subvencionada por la Junta “cobra cerca de 200 euros menos al mes que aquellas que están licitadas con un ayuntamiento”, es algo que CCOO “puso en evidencia con el rechazo al convenio colectivo de este tipo de centros”.

En las escuelas dependientes de la Consejería de Educación, prosiguió Pastrián, “se hace más que necesaria la consolidación de los puestos de trabajo como plantilla estructural, así como una reclasificación profesional que lleva esperando desde el año 2025 para todo el personal y que sigue sin avanzar en la negociación”.

Por todo ello, CCOO exigió un marco estatal común que “garantice unas condiciones laborales y educativas en el conjunto del Estado y vaya acompañada de una más que necesaria dignificación salarial y baja de ratios que permita mantener una calidad educativa a la altura de la importancia que tiene para los niños y niñas de 0 a 3 años”.