Castilla y León actualizará el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo para conocer mejor su capacidad y base "social"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anunció hoy que en 2027 se iniciará un proceso para actualizar y modificar el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León para para “mejorar” el conocimiento sobre ellos y su capacidad de acción o base social. Con ello, también se pretende agilizar y simplificar los procedimientos de concesión de subvenciones.

Así lo aseguró Pollán en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento. Además, argumentó que este cambio supone una apuesta por la “eficacia y eficiencia” en la gestión de los programas que estas organizaciones llevan a cabo, informa Ical.

No obstante, sobre cooperación al desarrollo, el vicepresidente primero reiteró que la Junta reduce este programa “al mínimo”, por lo que pasará de 6,6 millones a 2,7 millones el próximo año, en virtud de los compromisos ya adquiridos que garantizó van a cumplir. Los cuatro millones de diferencia reforzarán -dijo- la ampliación de las ayudas a la conciliación para las familias de Castilla y León.

“Ningún euro de los castellanos y leoneses financiará a entidades que participen en la promoción o facilitación de la inmigración ilegal. Revisaremos con ese criterio todas las subvenciones, convenios y conciertos, y auditaremos cada año los gastos vinculados a la inmigración irregular para ajustarlos al mínimo que exige la ley”, dijo.

Al respecto, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales reafirmó que la cooperación al desarrollo que se mantenga priorizará a los países que colaboren con Castilla y León en el retorno de menores migrantes no acompañados a sus familias.

“No cuestionamos la solidaridad de los castellanos y leoneses, que es enorme y que, en buena medida, se canaliza a través de la iniciativa privada. Lo que afirmamos es una prioridad: los recursos de la Junta, que son de todos, deben ir primero a las necesidades de nuestra tierra”, añadió Carlos Pollán.

Menores y tutela

Por otra parte, el vicepresidente, que defendió el regreso con sus familias de los menores migrantes no acompañados, exigió “firmeza” frente a la inmigración irregular y las mafias y que el Estado ejerza sus competencias y coopere con los países de origen para facilitar los procedimientos de retorno. Además, afirmó que la protección de la infancia “no es un gasto”, sino una “inversión” en el presente y en el futuro de Castilla y León.

Asimismo, comprometió el impulso de medidas que permitan “normalizar al máximo” la situación de aquellos menores que ya viven integrados en su entorno familiar. Así, avanzó que promoverán la tutela ordinaria de aquellos que se encuentran en acogimiento en familia extensa, favoreciendo así su salida del sistema de protección y evitando situaciones de dependencia administrativa “innecesarias”. También, junto a las corporaciones locales, desarrollarán nuevas acciones de sensibilización sobre acogimiento familiar y estancias temporales.

Respecto a los centros de menores, destacó que el presupuesto incorpora por primera vez una partida específica de 825.000 euros para la seguridad de los centros, destinada a financiar medidas de vigilancia y protección que redunden tanto en la seguridad de los trabajadores como en la de los propios menores.

Además, destacó que se definirán las ratios mínimas de profesionales en función de las características y capacidad de cada centro y dotarán de elementos de seguridad específicos a los que atienden a menores con problemas comportamiento. También, indicó que van a seguir mejorando la red de recursos de protección, garantizando la existencia de al menos un centro de socialización y un hogar tutelado en cada provincia.

Finalmente, Carlos Pollán remarcó que reforzarán los programas dirigidos a impulsar su autonomía personal y su transición a la vida adulta, facilitando recursos que favorezcan su formación, su empleabilidad, su inclusión social y su capacidad para desarrollar un proyecto de vida independiente. Para ello, elaborarán un catálogo de buenas prácticas y se creará un nuevo servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes procedentes del sistema de protección a la infancia.