Proincove rechaza la permuta de solares y reclama el pago de cuatro millones

LORETO VELÁZQUEZ / ArandaConscientes de la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Aranda a pagar 4.017.000 euros a una empresa constructora por la ocupación irregular de unos terrenos por el Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, el equipo de Gobierno representado por la alcaldesa, Raquel González, el concejal Javier Rojas; la regionalista, Elia Salinero y el edil de Ciudadanos de Centro Democrático, Alfonso Sanz, se reunieron ayer con la constructora Proincove S.L, en una negociación que aunque cordial, no fue fácil.Y es que, la propuesta municipal para solventar la deuda a través de la permuta de solares estratégicos como son los bajos del edificio Jovilma, la Banca Pecho o los de Carrequemada y Cardenal Cisneros, no ha convencido a la empresa que mantiene firme su intención de cobrar hasta el último euro. «Les hemos intentado convencer de las dificultades que ello supondría para la viabilidad económica del Ayuntamiento», sostiene Javier Rojas quien adelanta que dada la negativa, no les queda otra que estudiar con los servicios jurídicos e Intervención la posibilidad de prorrogar el pago. «Por el momento son conjeturas porque no sabemos si la Ley de Administración Local permite un aplazamiento y desde luego si se diera, habría que abonar los intereses, que siempre serían importantes», advierte. InvestigaciónLa empresa se mantiene así firme en sus pretensiones y luchará hasta el final por el pago de los cuatro millones de euros; una cantidad, que por cierto, podría incrementarse en un futuro. «Nos han dejado claro que van a ir a por todas y que no cabe negociación», sostiene el edil popular quien recuerda que la sentencia ya no se puede recurrir. «Hemos quedado en volver a reunirnos para ver cómo podemos afrontar el pago», admite.Con el objetivo de esclarecer las causas que han motivado «semejante descalabro», el concejal anuncia que se creará una comisión de investigación. «Los ciudadanos tienen que conocer por qué no se va a poder hacer nada en los próximos cuatro años», expone mientras lamenta que se tenga que pagar «una cantidad obscena de dinero» por unos terrenos que «no lo valían». «No es cuestión de politizar sino de saber qué paso», sostiene convencido de que es preciso que se depuren responsabilidades a nivel político y también técnico. «Lo que está claro es que aquí han pasado los años y no se ha hecho nada», sostiene mientras expone otros ejemplos que podrían seguir el mismo camino como la estación depuradora EDAR o la plaza de toros.Según sostiene el auto judicial, el Ayuntamiento de Aranda debe abonar a la empresa algo más de cuatro millones de euros, por la ocupación de unos terrenos, que al parecer se expropiaron como zonas verdes siguiendo el Plan de Ordenación Urbana del 2000, con el propósito de acondicionar las riberas urbanas.