Crecimiento, productividad y reformas

Las proyecciones de comportamiento del PIB en España para 2026 y para 2027, tanto de organismos públicos como de entidades privadas -nacionales e internacionales-, apuntan a un avance superior al 2% en ambos ejercicios, por encima incluso del crecimiento potencial de nuestra economía que, según los expertos, se sitúa en torno al 1,5%.

La secuencia de incremento de la población residente (sobre todo en edades compatibles con la actividad laboral), incremento de la población ocupada e incremento del consumo explica este dinamismo, a pesar de que la productividad siga estancada.

A su vez, las previsiones de inflación en España para 2026 y 2027 se ubican en el entorno del 2%, lo que permitirá, al no deflactarse las tarifas de los principales impuestos, dar continuidad al aumento sostenido de los ingresos para las Administraciones Públicas que se viene registrando en los últimos años, por el doble efecto del vigor de la actividad y de la subida de los precios y de las rentas, por consiguiente, de las bases fiscales.

El positivo desempeño económico no proviene en absoluto de un aumento de la productividad, que es el auténtico “motor” de la prosperidad y de la mejora de la renta por habitante. Estamos inmersos en una etapa económica expansiva desde el final de la pandemia, pero que se basa principalmente en el aumento de la población y del censo de empleados, no en una mayor aportación unitaria de los ocupados.

“El sistema público de pensiones arrastra un desfase estructural que obliga a reformarlo y subraya la necesidad de fomentar el ahorro privado”

Afortunadamente, la principal diferencia con el período expansivo de inicios de este siglo (2000 – 2007) es que ahora no se están acumulando desequilibrios relevantes, sino que más bien al contrario los hogares, las empresas y los bancos muestran una posición financiera muy robusta; mientras, la subida de precio de los activos inmobiliarios está igualmente motivada por un importante gap entre la demanda estructural y la oferta de vivienda nueva que el sector promotor y constructor está produciendo actualmente.

Este favorable contexto aporta margen temporal para acometer las necesarias e imprescindibles reformas estructurales que requiere nuestra economía, con una perspectiva de medio y largo plazo, sin dejar de cumplir con los límites de déficit y deuda que España tiene asumidos como país miembro de la zona euro:

Estas reformas estructurales son, en primer lugar, la contención y la racionalización del gasto público, que entre 2019 y 2024 ha pasado de un total de 234.000 millones de euros a los 308.000 millones de euros con los que cerró el año pasado, lo que supone un aumento acumulado superior al 31% a lo largo de este lustro.

“La inversión en infraestructuras y la colaboración público-privada son clave para sostener el crecimiento económico y mejorar la competitividad”

En segundo lugar, la corrección del manifiesto déficit de inversión de las Administraciones en infraestructuras energéticas, de transporte de pasajeros y mercancías, de servicios urbanos básicos, etc. sería la tercera de estas reformas, para lo que sería muy recomendable implementar fórmulas de colaboración público – privada, que redujesen las aportaciones necesarias del sector público.

En tercer lugar, el impulso a las inversiones en seguridad y defensa que el nuevo entorno geopolítico y los compromisos multilaterales adquiridos por nuestro país requieren para los próximos años.

Por último, la urgente reconducción del abultado desequilibrio entre contribuciones y prestaciones del sistema público de pensiones, que este ejercicio 2025 va a demandar transferencias a la Seguridad Social procedentes del Estado por un importe total superior a los 40.000 millones de euros.

En España tenemos uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo ya que la tasa de sustitución (relación entre el importe de la pensión y el último salario en activo) se sitúa en alrededor del 80%, frente a menos del 60% de la media de los países de la Unión Europea y del 56% en los países desarrollados.

Sin embargo, el principio de reparto actual del sistema de pensiones, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados, se enfrenta a desafíos como el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad que cuestionan la suficiencia de las prestaciones. 

De hecho, la citada tasa de sustitución podría bajar al 50% en nuestro país a mediados de siglo, cuando se retiren los trabajadores que se han incorporado en los últimos años al mercado laboral: para el 2050, en base a las previsiones de la evolución de la población, solo habrá dos trabajadores por jubilado.

Por ello, en Ibercaja vemos indispensable fomentar el ahorro a largo plazo, y para ello, los planes de pensiones son la vía mediante la que se puede lograr modificar el entorno actual y recuerda que los Planes de Pensiones de Empleo se perfilan como una herramienta estratégica para el bienestar financiero de las empresas y sus empleados, complementando la pensión pública y garantizando un futuro económico más estable