CLUB DE PRENSA: CASTILLA Y LEÓN, ANTE EL FUTURO DE LA PAC
«La renacionalización encubierta de la PAC generará diferencias entre agricultores europeos»
El director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Ángel María Rivero, desvela los principales «riesgos» del nuevo modelo, todavía pendiente de apuntalar, en el Club de Prensa de EL CORREO DE BURGOS

Ricardo García Ureta, Julián León Azcona y Ángel María Gómez Rivero en el Club de Prensa de EL CORREO DE BURGOS.
En un contexto económico tan «complicado» como el actual, con «altos costes y bajos precios» en el sector agrario, no es de extrañar que la futura Política Agraria Común (PAC) genere «incertidumbre» a pie de campo. Pese a los esbozos y acuerdos alcanzados hasta la fecha, el marco normativo previsto para el periodo 2028-2034 plantea un sinfín de interrogantes. Sobre todo tras la propuesta de establecer un Fondo Único, avalado por los 27 estados miembros y posteriormente rechazado por el Parlamento Europeo, que de llevarse a término cambiaría por completo el modelo comunitario al agrupar diferentes políticas bajo un mismo saco.
Puede que haya más dudas que certezas. Aun con todo, el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Ángel María Gómez Rivero, desgranó las principales claves y «riesgos» que entraña la próxima PAC durante el Club de Prensa de EL CORREO DE BURGOS, en colaboración con Ibercaja, centrado en El futuro de la PAC y su impacto en el sector agrario y ganadero. Por ejemplo, la posible disminución de los importes, tanto en el primer como en el segundo pilar, si se ratifica la propuesta de que cada gobierno pueda decidir la distribución de fondos. Algo que, en el caso de la Comunidad, probablemente afectaría a la «viabilidad del tejido productivo».
Más allá del «consenso crítico» que impera hoy en día a la hora de reformular la PAC desde distintos ángulos, Gómez Rivero advirtió que la «renacionalización encubierta» que se pretende llevar a cabo «generará diferencias entre agricultores europeos». Básicamente, porque desaparecería el marco de ayudas homogéneo que ha regido la coyuntura política comunitaria hasta el momento. A modo de hipótesis, dibujó un escenario en el que los viticultores españoles podrían verse afectados respecto a los de Francia si el Gobierno del país vecino concediese mayores importes al sector. Por lo tanto, desaparecería ese «trato equitativo» que hasta ahora era santo y seña de la propia PAC.
Tampoco obvió el director general de Política Agraria Comunitaria el previsible «aumento de la complejidad administrativa». Un efecto cuanto menos chocante habida cuenta de que «se busca la simplificación y se obtiene el resultado contrario». Al hilo de esta cuestión, no dudó en remarcar que los agricultores dependen de la previsibilidad y estabilidad de los pagos de la PAC. De ahí su temor a que el nuevo sistema colapse la administración y, por ende, ocasione retrasos y problemas financieros en el campo.
Otro hándicap que el Gobierno autonómico también observa con lupa es la «pérdida de iniciativa de los expertos en materia agraria», dado que la negociación se llevará a cabo en el seno del Consejo de Política General y no en el de Agricultura y Alimentación. Dicho de otra forma, el devenir de la PAC estará en manos de responsables de ministerios ajenos al sector.
«No es lo mismo defender una posición desde el convencimiento que de oídas», enfatizó Gómez Rivero mientras desganaba las intervenciones de la PAC ajenas a las de ayuda a la renta que fijan unos porcentajes de contribución nacional de entre el 15 y el 60% en función del nivel de desarrollo de las regiones. Esto derivará, a su juicio, en «confrontación». Al menos entre Castilla y León, territorio «en transición», y otras zonas menos desarrolladas.
Lo que no varían, al menos sobre el papel, son las «prioridades» de la PAC acordadas por los estados miembros. La misión principal, como es lógico, es garantizar «ingresos justos y suficientes» para los agricultores con el fin de aumentar su competitividad a largo plazo. Para ello, resulta inevitable potenciar el atractivo de la profesión y fomentar el relevo generacional. Asimismo, se pretende reforzar la acción por el clima mediante la prestación de servicios ecosistémicos, soluciones circulares o políticas de conservación de la biodiversidad, la agricultura sostenible y el bienestar animal. «Afortunadamente», puntualizó, se ha rebajado el nivel de exigencia a la hora de cumplir objetivos mientras se asegura que «el sector favorezca al mantenimiento del medio ambiente».
Desde un punto de vista eminentemente pragmático, Gómez Rivero advirtió que los derechos históricos de la PAC «van a desaparecer tal y como les conocemos en la actualidad». Razón no le falta, ya que la propuesta que hay sobre la mesa contempla la eliminación del modelo de pagos individuales que ha condicionado las ayudas directas durante los últimos años. A cambio, se vislumbra una ayuda decreciente por superficie que se movería en una horquilla de entre 130 y 240 euros por hectárea admisible. Con un límite de 100.000 euros y -ojo al dato- poniendo de relieve que en 2032, a más tardar, «los solicitantes que cobren una pensión de jubilación podrán dejar de percibir este pago».
De todos estos aspectos y otras cuestiones de interés para los profesionales del sector primario habló el director general de Política Agraria en el Club de Prensa de EL CORREO DE BURGOS, que contó con la asistencia -entre otros- del delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, el jefe del Servicio Territorial de Agricultura, Juan José Busto, la responsable comercial de la zona norte de Ibercaja, María Cadarso, y representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Opas).