El Correo de Burgos

El PP agita el fantasma de Venezuela para atacar a Podemos

El Congreso acuerda regular a los lobis pero no podrá desarrollarlo por la disolución de las Cortes

Pablo Iglesias, en su escaño durante el pleno del Congreso.-AGUSTÍN CATALÁN

Pablo Iglesias, en su escaño durante el pleno del Congreso.-AGUSTÍN CATALÁN

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IOLANDA MÁRMOL
Burgos

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Con las Cortes al borde de la disolución, el PP volvió a exhibir este miércoles en el Congreso su crítica más manida contra Podemos: Venezuela, y consiguió sacar adelante -apoyado por PSOE y C's- una iniciativa que exige la liberación de los políticos que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en prisión. Bajo la mirada del padre del líder opositor encarcelado, Leopoldo López, que presenció la sesión desde la tribuna del hemiciclo, el vicesecretario general de los conservadores, Fernando Fernández-Maíllo, cargó contra la línea ideológica del partido morado. "El populismo es condenable. En Venezuela se ha tapado la boca a los medios de comunicación. Se comienza señalando a un periodista y se acaban cerrando los medios de comunicación, como en Venezuela", advirtió, en referencia al incidente de Pablo Iglesias, con la prensa la semana pasada en la Universidad Complutense de Madrid.Desde Podemos afearon al PP la utilización partidista de la crisis que vive Venezuela. Pablo Bustinduy, responsable del área internacional, les acusó de "alimentar una operación político-mediática para desacreditar a una fuerza política con 5 millones de votos" y planteó la necesidad de mejorar las relaciones con institucionales, en lugar de utilizar a Maduro como arma arrojadiza. "Su interés prioritario no es proteger los derechos humanos, sino obtener réditos políticos para la campaña electoral", reprochó.El Congreso también acordó la histórica petición para regular los lobis -grupos de interés- , aunque la disolución de las Cortes deja esa aprobación en papel mojado. La iniciativa, sostenida por Democràcia i Llibertat, propone crear un registro en la Cámara baja para que quede constancia de las visitas de los representantes de empresas y organizaciones a los diputados. Las asociaciones de lobistas reclaman desde hace años que se cree un registro para liberarse de la etiqueta que les acusa de ejercer influencia sobre las leyes de forma irregular.

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