El Supremo juzgará a 12 de los 18 líderes del 'procés'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar a 12 de los 18 líderes del procés acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia en el juicio que está previsto que comience a finales del próximo mes de enero y se prolongue durante unos tres meses, informaron fuentes jurídicas. La sentencia, como adelantó este diario, no está previsto que se conozca hasta después de las elecciones de mayo.Las actuaciones contra los otros seis acusados, a los que solo se les imputa un delito de desobediencia, serán remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que sean juzgados allí. Se trata de los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Al estimar las declinatorias de jurisdicción presentadas por estas defensas el juicio que se celebrará en el Supremo queda reducido a los acusados por los delitos más graves: el exvicepresidente Oriol Junqueras, los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Todos ellos están acusados de rebelión, sedición o malversación. Los tres últimos lo están por este último delito y malversación.Respecto a estos 12 acusados el alto tribunal ha hecho suyos los argumentos que defendieron la fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación que ejerce Vox durante la vista celebrada hace nueve días. Todas ellas sostuvieron que con su actuación los acusados cometieron un "atentado grave contra el interés de España".Desde el momento de la notificación de esta resolución, las defensas, que pretendían que el juicio se celebrara en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en caso de que esta propuesta fuera rechazada, contar con 90 días de plazo para presentar sus escritos de calificación, dispondrán de 10 días para solicitar la libre absolución de los políticos acusados.