UPTA alerta de que los autónomos de Castilla y León podrían perder hasta 12.000 euros de pensión si se jubilan en 2028

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) advirtió de que los autónomos de Castilla y León que se jubilen en 2028 podrían dejar de percibir hasta 12.000 euros de pensión a lo largo de veinte años de jubilación debido a la reducción de las bases mínimas de cotización desde 2023 y su posterior congelación.

Según una simulación preliminar de su Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos podrían cobrar alrededor de 43 euros menos al mes, unos 600 euros anuales, si se mantienen las diferencias de cotización analizadas. La organización precisó que se trata de una estimación ilustrativa y no de una pérdida media acreditada para el conjunto del colectivo.

UPTA atribuyó esta posible merma a la evolución de las bases mínimas tras la entrada en vigor del sistema de cotización por rendimientos netos, así como a la falta de actualización de las cuantías durante 2026 y a la posibilidad de que la congelación continúe en 2027.

La organización recordó que la base mínima general del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se situó en 960,60 euros mensuales en 2022. Con el nuevo sistema, la base mínima del tramo de menores ingresos pasó a 751,63 euros en 2023, descendió a 735,29 euros en 2024 y se redujo hasta los 653,59 euros en 2025, cantidad que se mantiene en 2026.

La diferencia entre esta última cifra y la base mínima general de 2022 asciende a 307,01 euros mensuales, lo que representa una reducción del 31,96 por ciento, según los datos aportados por UPTA.

La entidad subrayó que estas cantidades corresponden a bases reales de cotización, no a cuotas bonificadas calculadas sobre bases superiores, por lo que pueden influir en los derechos contributivos futuros de los trabajadores, sin perjuicio de las garantías transitorias y de las reglas legales aplicables.

El efecto sobre las jubilaciones de 2028

UPTA advirtió de que quienes se jubilen en 2028 habrán acumulado cinco ejercicios, entre 2023 y 2027, bajo el nuevo sistema de cotización. Según la organización, el método de cálculo previsto para ese año permitirá seleccionar las 306 mejores bases de los últimos 312 meses, con la posibilidad de descartar seis mensualidades.

Para estimar el impacto, el observatorio analizó el caso de un autónomo con ingresos reducidos que cotizaba por la base mínima general antes de la reforma y que posteriormente pasó a hacerlo por las bases mínimas del tramo inferior.

El resultado apunta a una posible reducción de unos 43 euros mensuales en la pensión. Si la diferencia se prolongase durante 20 años, la pérdida acumulada rondaría los 12.000 euros, sin incluir las revalorizaciones posteriores.

La organización recalcó que la estimación deberá contrastarse con una carrera completa de cotización, las garantías transitorias y las reglas de cálculo que finalmente resulten aplicables en 2028.

Reclama actualizar las bases en 2027

A la reducción de las bases mínimas se suma, según UPTA, la pérdida de poder adquisitivo derivada de su congelación. La entidad calcula que, con una inflación anual del 3,5 por ciento, mantener las cuantías sin actualizar durante 2026 y 2027 supondría una pérdida acumulada del 6,65 por ciento de su poder adquisitivo.

Ante esta situación, reclamó que las bases de cotización de 2027 incorporen tanto la inflación de 2026 como la prevista para el próximo ejercicio. Bajo ese supuesto, la actualización acumulada necesaria se situaría aproximadamente en el 7,12 por ciento, según sus cálculos.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, advirtió de que prolongar la congelación de las bases sería una “grave irresponsabilidad” y pidió al Gobierno que tenga en cuenta sus consecuencias para las futuras prestaciones.

“La responsabilidad de garantizar las futuras pensiones de los trabajadores autónomos es del Gobierno de España, sea cual sea su color político”, señaló Abad, quien reclamó que las bases recuperen en 2027 la inflación que no se haya incorporado en 2026 y la prevista para el próximo año.

El responsable sindical defendió que las decisiones sobre cotizaciones deben tener en cuenta no solo el coste inmediato para los autónomos, sino también la protección social que recibirán al jubilarse, insistió en que las pensiones del colectivo deben ser una prioridad con independencia del partido que gobierne.