El Correo de Burgos

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SE cumplen tres años de la llegada de Rajoy a la Moncloa y en este tiempo los agravios a Castilla y León han sido sistemáticos, impropios, de la sintonía que debe presidir las relaciones entre dos gobiernos del mismo partido que, se supone, comparten una misma visión de los problemas y de las posibles soluciones.

Las desavenencias comenzaron en torno a las Ley de reforma local, conocida como ley Montoro, que dividió al PP de Castilla y León entre los amotinados de la raya, defensores de la propuesta gubernamental y aquellos que abogaban por una Ley de ordenación más pegada a la idiosincrasia de la Comunidad. El resultado ha sido un batiburrillo de leyes que dificulta la seguridad jurídica y amenaza con generar lagunas en relación con la asunción de determinadas competencias.

Los enfrentamientos continuaron a resultas de la negativa de la Junta de acudir al Fondo de Liquidez Autonómico con el que el Ministerio pretendía controlar mejor el déficit público, pero el resultado tampoco ha sido el deseable ya que Castilla y León paga hoy un interés del 6’5% en el mercado libre, frente al 1% que pagan las comunidades que se acogieron al FLA.

El rosario de agravios continuó con la polémica entorno a la PAC y la negativa del Sr. Cañete a pagar los 36 millones del Fondo de Desarrollo Rural que debía. El ascenso con forceps del exministro a las alturas europeas suavizó algo las relaciones en este asunto, pero sin embargo, siguen enquistadas con el Sr. Soria y su negativa a cumplir con el plan del carbón, lo que tiene paralizadas las cuencas mineras que se han desangrado a lo largo de la legislatura.

Contabilizando agravios estamos, cuando una enmienda socialista a los presupuestos del Estado, que supone 250 millones de inversiones para nuestra tierra, ha sido votada favorablemente por el PP.

Poco ha tardado el Portavoz Popular en afirmar que la votación había sido un error que prestos van a enmendar en el Senado.

Un agravio más.

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