Deconstrucción educativa
Es difícil cometer tanto despropósito en tan poco tiempo. Pocos dirigentes políticos tienen la virtud de provocar un sentimiento tan unánime de desaprobación como el generado por José Ignacio Wert. Su última bravuconada, presentada y aprobada con nocturnidad y alevosía en el último Consejo de Ministros, ha puesto en pie de guerra a la comunidad educativa.
La reforma universitaria planteada por el Gobierno, de nuevo a contracorriente y sin consenso (vio la luz mediante un Real Decreto) abre la puerta a que los actuales grados universitarios pasen de cuatro años de duración (más un quinto de máster, optativo u obligatorio según la carrera) a tres años (más dos de máster).
Todo ello justificado en un intento de abaratar los costes para las familias. Por el momento será una medida voluntaria, dejando a criterio de las diferentes universidades la capacidad de aplicarlo o no.
La respuesta de la inmensa mayoría de la comunidad educativa ha sido unánime. Los representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han acordado no poner en práctica las carreras de tres años hasta septiembre de 2016, un claro motín contra una reforma improvisada y que esconde oscuras pretensiones que van más allá de las educativas. De hecho, unas 50 universidades públicas y una veintena de las privadas ya han alcanzado en tiempo récord un acuerdo para solicitar una moratoria que se traducirá en esperar al menos hasta septiembre de 2016 para iniciar los posibles trámites, lo que supone en la práctica que cuando menos la reforma universitaria no entraría en vigor antes del curso 2017-18.
Lo que se presenta como una medida democratizadora del acceso al conocimiento más bien parece un intento, otro más, de aniquilar la enseñanza pública. ¿Qué intereses oscuros persigue la reforma del sistema vigente, todavía en fase de prueba? Porque el argumento del ahorro se derrumba inexorablemente a las primeras de cambio. Y del incremento de la calidad mejor ni hablar.
Para competir en igualdad de condiciones por un puesto en el mercado laboral un universitario tendrá que completar cinco años de formación. Pero tan solo los tres primeros quedarán cubiertos por el paraguas del sistema estatal, con lo cual los dos últimos correrán a cargo de los menguados bolsillos de los estudiantes y las familias, incurriendo en costes económicos absolutamente desproporcionados. ¿A quién favorece entonces la medida?