Rebeldía ante la desfachatez
HAY situaciones ante las que no se puede permanecer impasible. Y no basta con patalear de forma aislada y lamentarse por un atropello más a sus ya pisoteados derechos. Hay que dar un paso adelante y tomar el mando de la situación. Organizarse y defenderse con uñas y dientes ante una agresión indecente fruto de la incompetencia supina de algún responsable político.
La bomba explotó cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió de manera cautelar la orden de la Consejería de Sanidad que convocaba las oposiciones de Enfermería del 21 de noviembre (un concurso que englobaba las ofertas de empleo público pendientes de los años 2009, 2010 y 2011 -que habían vencido en 2012, 2013 y 2014, respectivamente-).
El TSJ actuó a instancias de la Administración General del Estado, que alegó que la convocatoria no era válida, pues se habían superado los tres años que fija el Estatuto Básico del Empleado Público para ejecutar una oferta de empleo de este tipo, lo que convertía las oposiciones en papel mojado (nulas de pleno derecho).
Y más de 20.000 profesionales de la Sanidad se han quedado con un palmo de narices 10 días antes de la fecha establecida para la realización de los exámenes. Y por el momento, nadie asume responsabilidades.
Resulta vergonzoso tratar de pasar de puntillas sobre el inmenso sufrimiento causado a miles de profesionales que llevaban meses de duro trabajo preparándose para unos exámenes en los que habían depositado sueños, ilusiones y proyectos de vida.
El daño ha sido inmenso. Cientos de miles de horas de estudio robadas a familiares, amigos, a las vacaciones o a la propia noche, tiradas por la borda. Ingentes sumas económicas abonadas a academias y preparadores para incrementar las opciones de éxito. Tasas de examen, gastos de alojamiento en Valladolid y León (donde se iban a celebrar los exámenes). Excedencias sin sueldo para estudiar. En definitiva, todo un atentado a los proyectos vitales de más de 20.000 profesionales sanitarios.
Y la Consejería de Sanidad, de brazos cruzados. Como si la historia no fuera con ella. Una desfachatez de marca mayor que exige la inmediata actuación de las víctimas, primero exigiendo una explicación convincente de un hecho bochornoso que pone en entredicho la capacidad de gestión de los responsables regionales. Y acto seguido, si los argumentos carecen de peso, saliendo a la calle y convocando una huelga en defensa de sus legítimos derechos.