Burgos salva los 7 millones de euros asignados al proyecto de Zona de Bajas Emisiones

Burgos contará con un año más de prórroga para ejecutar las inversiones asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y, por tanto, no tendrá que devolver la cantidad de 7 millones de euros de fondos europeos concedidos. 

Así lo ha anunciado el ex alcalde Daniel de la Rosa (PSOE) que ha conocido este martes la resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad. «Señores del PP estén ustedes tranquilos que el malvado Sánchez no va a hacer devolver a la ciudad de Burgos este dinero», afirmaba con cierta ironía el portavoz socialista en el Ayuntamiento.

En los 7 millones de euros están incluidos los 2,6 asignados al desarrollo de las obras de ‘Burgos Central’ y otros cerca de cinco millones vinculados a varios proyectos de peatonalización de calles en la ciudad como la plaza Lavaderos, Francisco Grandmontagne y calle Roma, así como las mejoras de accesibilidad en las paradas de autobús (500.000 euros).

De esta manera, se estima la solicitud enviada por el Ayuntamiento de Burgos a 23 de octubre, a raíz de conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 2, que declaró nulo el contrato con la empresa Etralux para el desarrollo de las obras para la implantación de la ZBE.

Como indicaba De la Rosa, el bipartito de PP y Vox contará de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para resolver este proyecto y les animaba «a desarrollar un trabajo ambicioso y no solo a cubrir el expediente en la mínima expresión». 

El concejal socialista recuerda a este respecto que las dos formaciones políticas que están en el Gobierno de la ciudad no creen en la Agenda 2030 y, por tanto, en la necesidad de avanzar en una movilidad menos contaminante.

De lo Rosa anticipaba, «y no me equivocaré mucho», advertía, que el bipartito se limitará a cambiar «cuatro titulitos» en la ordenanza que se aprobó inicialmente en el pasado mandato para sacar un proyecto de adjudicación de acuerdo a esa nueva normativa.

«Espero que no se tomen la ampliación de plazo como una carta blanca para no hacer nada», manifestaba en rueda de prensa, a la vez que recordaba el trabajo realizado por el PSOE y Ciudadanos en el pasado mandato en el que se planteó un proyecto con varios anillos, que afectaban a varias zonas de la ciudad en función de los niveles de contaminación.

Desde su punto de vista, gobernar es tomar decisiones y, por tanto, ponerse como objetivo mejorar las condiciones de vida de los burgaleses.

La resolución del Ministerio de Transportes estima la petición del Ayuntamiento de Burgos por la existencia de un recurso contencioso administrativo, que paralizó el desarrollo de las obras de la zona de Bajas Emisiones, cuando ya estaba adjudicado, puesto que se tomaron medidas cautelares. 

Por tanto, desde noviembre de 2022 no se pudo avanzar en el desarrollo de este proyecto. Además, la sentencia, que se conoció en octubre, declaró definitivamente nulo el contrato por la inexistencia de una ordenanza municipal que regulase la Zona de Bajas Emisiones.

La sentencia coincidió con el momento en el que se iba a aprobar de manera definitiva la ordenanza y el equipo de Gobierno de Cristina Ayala decidió no dar el visto bueno a la normativa para empezar de cero con una nueva. Y, desde ahí, con la redacción de un nuevo proyecto para la implantación de la ZBE.

El grupo municipal del Partido Popular ya comentó, tras el pleno de octubre en el que no se aprobó la ordenanza, que pretende redimensionar el proyecto de ‘Burgos central’. 

La calle San Lesmes y el tramo final de la calle Vitoria (hacia la plaza del Cid) serían los límites desde los que se aplicarían las restricciones de circulación, según el planteamiento inicial que explicaba el concejal de Movilidad, José Antonio López (PP).