La Junta debe al Ayuntamiento 1,7 millones de euros del ARCH desde hace dos años
El dinero procede del Ministerio de Vivienda, que espera a que se justifique su gasto para hacer nuevos pagos
N. VILLAMIL / Burgos
El Grupo Municipal del PSOE denunció ayer que la Junta retiene desde hace dos años un pago del Gobierno de 1.785.000 euros que debería haber entregado al Ayuntamiento. El dinero procede del Ministerio de Vivienda, en concepto de adelanto de la primera anualidad de su compromiso en el Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH). Abonó el importe al Gobierno regional como institución intermediaria encargada de transferírselo a la ciudad de Burgos. Pero ese dinero sigue sin llegar y la Junta sigue sin dar explicaciones, según la concejal socialista Carmen Hernando.
La desidia de la Junta impide que el Ministerio de Vivienda abone el resto de anualidades pendientes en este proyecto. «Hasta que la ciudad no justifique el gasto de este adelanto no puede pedir el siguiente importe y cómo lo va a justificar si no lo ha recibido todavía», explicó la edil, quien añadió que «ahora tendrá que revisarse el convenio».
Reclamación de intereses
Los socialistas instan al equipo de Gobierno a urgir a la Junta el pago de ese dinero y a reclamarle intereses por el retraso de dos años. El acuerdo de financiación del ARCH establece que el Ayuntamiento debe pagar 8,8 millones de euros, 4,9 el Ministerio de Vivienda, 2,3 millones de euros la Junta y 3,9 entre todos los particulares que se beneficien de las ayudas para la rehabilitación de edificios.
El Consistorio burgalés recibió hace dos meses un escrito del Gobierno regional garantizando su intención de abonar ese dinero de manera inminente, pero no lo ha hecho. Las arcas municipales siguen pendientes de ingresar el adelanto de Vivienda para avanzar en la financiación del ARCH, de cuya gestión se encarga la empresa municipal Parkmusa.
Hernando estuvo acompañada en su comparecencia por el secretario de la agrupación local del PSOE. Luis Escribano aprovechó para avanzar la postura del partido sobre el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2010 que hoy se somete a aprobación inicial en el Pleno.
Gasto social
El edil adelantó que, entre otras muchas causas, el voto socialista será negativo por las previsiones de Gasto Social que contempla el documento. La partida se reduce en 2,5 millones de euros, pero garantiza el servicio de los programas sociales básicos, según el PSOE, aunque Escribano está convencido de que podrían aprovecharse mejor los recursos que este año destinará el Gobierno a fines sociales.
El segundo Plan E ingresará 4 millones de euros en las arcas municipales para financiar gasto corriente con finalidad social. Un importe que, según Escribano, el equipo de Gobierno pretende aprovechar para cubrir gasto social ya presupuestado, por lo que, «en la práctica, recortará su esfuerzo en políticas sociales precisamente ahora que aumenta la demanda de ayudas».
Contratación municipal
Escribano dio a conocer la proposición que el PSOE lleva al Pleno de hoy, encaminada a garantizar la igualdad de condiciones a las empresas que participan en los concursos del Ayuntamiento para la gestión de servicios municipales.
Los socialistas instarán al Pleno a que el Ayuntamiento se comprometa a establecer, de forma expresa la obligación de las empresas de subrogar a los trabajadores que tenía la empresa con los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social que tenía la empresa anterior.
El PSOE afirma que el Ayuntamiento ha dejado de incluir estas cláusulas de subrogación de forma deliberada por entender que este derecho «que el Estatuto de los Trabajadores establece con claridad meridiana» no es de aplicación.
A la vista de experiencias como la de las escuelas municipales infantiles, en la que los tribunales dieron la razón a los 27 trabajadores que antes prestaban el servicio y que ahora tendrá que contratar la nueva adjudicataria, Escribano entiende que el equipo de Gobierno debería aceptar la obligatoriedad de incluir la cláusula de subrogación en todos los concursos públicos para la adjudicación de servicios municipales.
Según apuntó, esta claúsula tampoco se incluyó en los pliegos de condiciones para la prestación de los servicios de los centros cívicos y de los Centros de Acción Social (CEAS), lo que está generando confusión entre las empresas que concursan por su gestión a la hora de valorar las plantillas.